El documento reconoce que el Defensor del Pueblo tiene constancia de que en muchas dependencias públicas se han acometido obras para mejorar su accesibilidad, pero añade que "todavía son importante numéricamente las quejas que se reciben denunciando las que aún no hansido objeto de tal adaptación".

A este respecto señala que muchas de las denuncias se centran en las barreras que presentan edificios de Casas de Cultura, oficinas de Correos y Telégrafos y delegaciones provinciales de ministerios. En los edificios privados, las denuncias se refieren mayoritariamente a obras de adecuación de los elementos comunes y acceso en viviendas de comunidades de vecinos.

El Defensor del Pueblo indica que la propuesta del CERMI de no condicionar la realización de las obras ara mejorar la accesibilidad de un edificio, a la existencia de un quórum en la comunidad de vecinos, ya que sólo debería exigirse una certificación del ayuntamiento respecto a la necesidad de dichas obras, aunque el Defensor cree que estas modificaciones se deberían financiar con ayudas de las administraciones.

Subraya que "se han detectado problemas de accesibilidad en centros de salud", por lo que reclama a las administraciones que "adopten las medidas necesarias para garantizar la plena efectivida de sus derechos a todos los ciudadanos".

Respecto a los recursos asistenciales mantiene que "el esfuerzo que efectivamente están realizando las distintas administraciones a través de la creación de plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad, sigue siendo insuficiente dada la progresiva demanda existente", así como la "carencia de una coordinación y colaboración adecuada entre las distintas comunidades autónomas".

Finalmente, el informe hace referencia a las deficiencas detectadas en la aplicación de los nuevos baremos utilizados para determinar el grado de discapacidad.