Así se puso de manifiesto este martes durante el diálogo ‘Razones de peso: reafirmando el discurso de derechos humanos’, organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD).

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres y miembro del Comité Comité Cedaw de Naciones Unidas, Ana Peláez, advirtió de que “lo que está en riesgo es el sistema y el reconocimiento de los derechos humanos en todo el mundo”. A su juicio, no solo se cuestionan avances logrados por las personas con discapacidad, sino también por mujeres, personas migrantes, gitanas o Lgtbi, en un contexto en el que “parece que lo conquistado se está desmoronando”.

Peláez alertó de que la igualdad y la no discriminación “están más que nunca en tela de juicio” a nivel global, regional y local. En su intervención defendió que, para evitar la regresión, es necesario reforzar en primer lugar los cambios legislativos, ámbito en el que consideró que España se sitúa “a la vanguardia” con una normativa sólida y alineada con los tratados internacionales de derechos humanos.

No obstante, subrayó que las leyes no bastan sin transformaciones culturales y educativas profundas. La comprensión de la diversidad humana y del significado real de la igualdad, entre hombres y mujeres, entre personas con y sin discapacidad o de distinta procedencia, sigue siendo, a su juicio, “una asignatura pendiente”. También lo es, añadió, la plena asimilación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “incluso dentro del propio tejido asociativo”.

Junto a ello, reclamó “garantizar una distribución adecuada de recursos” para que la legislación pueda aplicarse de forma efectiva y pidió “reforzar alianzas” entre el movimiento social, el Gobierno, la academia y el sector empresarial, así como asegurar espacios cívicos de consulta que contribuyan a frenar el retroceso.

“LÓGICA DEL MÁS FUERTE”

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para discurso e impacto, Manuel García, expresó la “preocupación” de la plataforma ante una situación en la que los derechos “están retrocediendo” y se empieza a imponer “una lógica del más fuerte”.

García advirtió de que discursos tradicionalmente consensuados en defensa de los derechos humanos se están calificando de “ideológicos”, lo que debilita su legitimidad social. Recordó que buena parte del trabajo de los últimos años ha consistido en “promover instrumentos internacionales” como la Convención y alertó de que, si desaparece el respaldo político y social que los sostiene, pederán “la capacidad de actuar”.

Por ello, llamó a “apostar” por los derechos humanos para evitar que se desmorone un entramado que, con sus limitaciones, ha permitido desde la Segunda Guerra Mundial avanzar en la protección de las personas más vulnerables y en la legitimación de la dignidad de “todo el mundo”. También destacó la singularidad del Cermi como “plataforma unitaria del tercer sector de la discapacidad”.

El catedrático de Filosofía del Derecho y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Asís, sostuvo que, aunque España cuenta con una buena legislación, “lo que nos falta todavía es concienciación”.

A su juicio, el principal reto sigue siendo el cambio cultural en la forma de entender la discapacidad conforme al paradigma de derechos humanos. “Nuestra sociedad todavía ve la discapacidad como una enfermedad o una imperfección”, afirmó, lo que dificulta que la igualdad inclusiva se materialice plenamente.

De Asís reconoció que el retroceso “no es nuevo”, pero alertó de que ahora incluso derechos civiles vinculados a la igualdad, que históricamente han encontrado más resistencias, “empiezan a cuestionarse abiertamente”. Desde la academia, señaló, “existe preocupación ante esta tendencia”, pese a los avances conceptuales impulsados por la Convención, que ha proporcionado herramientas para superar visiones basadas en el capacitismo.

COHESIÓN SOCIAL Y CIMIENTOS LEGISLATIVOS

La directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, defendió que es el momento de “fortalecer los cimientos” con una base europeísta y de cohesión social.

Giménez subrayó la importancia de instrumentos como el Fondo Social Europeo y del pilar europeo de derechos sociales para sostener políticas inclusivas. A su juicio, no se puede “dar marcha atrás” en los logros que han configurado el mapa de defensa de la dignidad humana.

En el caso del pueblo gitano, recordó que el reconocimiento de derechos “no ha alcanzado aún un desarrollo legislativo suficiente”, por lo que abogó por una ley integral que establezca un marco estable y asegure inversión pública. Asimismo, destacó el retorno social y económico de estas políticas, al señalar que por cada euro invertido en inclusión “se generan beneficios en términos de cohesión y competitividad”.

El embajador para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, advirtió de que la propia Convención “está en peligro”, recordando que durante la pandemia los primeros derechos que se vulneraron fueron “los de las personas con discapacidad”, con retrocesos en empleo, servicios asistenciales y accesibilidad a la información.

Celada alertó además de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra “en el punto de mira” y es cuestionada en foros internacionales, lo que supone un riesgo no solo para la Convención, sino también para otros comités de supervisión.

No obstante, defendió que España cuenta con una “hoja de ruta” y una trayectoria ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, con una interlocución articulada entre ministerios, universidad y tercer sector. Aun así, advirtió de que buena parte de la aplicación práctica de los derechos humanos depende de las comunidades autónomas, competentes en ámbitos como sanidad, educación o servicios sociales, por lo que llamó a “reforzar su implicación”.

Celada subrayó igualmente que el empleo resulta “clave” para garantizar la igualdad de oportunidades y apuntó que, si existe voluntad política, “es posible consolidar avances en derechos humanos”.

En conjunto, los intervinientes coincidieron en que el retroceso actual no solo compromete conquistas históricas, sino que “debilita la cohesión social” y “pone en cuestión” el entramado internacional que ha servido durante décadas para “proteger la dignidad y los derechos fundamentales de las personas más vulnerables”.