La investigación previa al estudio fue realizada por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) -centro asesor del Real Patronato- con el objetivo de aportar una serie de indicadores, buenas prácticas y herramientas digitales, audiovisuales y tecnológicas de fácil uso y bajo coste, que ayuden a que las personas con discapacidad puedan comunicarse con el personal sanitario de centros de atención primaria en poblaciones rurales.

El director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, apuntó “que para hacer efectivo el derecho a la salud entre toda la ciudadanía, sin excepciones, este debe pivotar sobre la accesibilidad universal”.

“Toda la acción pública en materia de discapacidad que desarrolla el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene una dimensión rural", señaló, "precisamente para transformar, en clave de inclusión, esos entornos con menos recursos y poco accesibles y para que la población mayor o con discapacidad pueda seguir viviendo en sus casas y en su vecindario”.

El proyecto busca que un servicio clave como la Atención Primaria llegue a esa población con perdidas auditiva, visuales o dificultades de comprensión.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Las aportaciones prácticas de esta guía definen los pasos para incorporar accesibilidad a la información y la comunicación, a fin de favorecer una atención sanitaria sin barreras ni costes elevados.

En la guía se aborda tanto el contexto digital en el ámbito presencial —uso de quioscos de registro, sistemas de llamada o historia clínica electrónica en los centros de salud—, como en el contexto digital remoto, que engloba la telemedicina, las consultas a distancia, la monitorización de pacientes crónicos, los portales web y las aplicaciones para revisar informes sin necesidad de desplazarse.

Con todo ello, se pretende optimizar los recursos, reducir los tiempos de espera y acercar una asistencia universal e igualitaria al paciente con discapacidad, especialmente en poblaciones rurales o con dificultades de movilidad geográfica. Además, se indican las pautas a seguir para el diseño del flujo de atención.

Por otra parte, el estudio también identifica y describe las principales barreras detectadas en la actualidad, con el fin de orientar acciones concretas que promuevan entornos sanitarios accesibles y adaptados a las necesidades comunicativas y específicas de los pacientes con discapacidad.

En lo referente a la información audiovisual sanitaria —monitores informativos, contenidos audiovisuales en webs y apps o vídeos explicativos—, presta una especial atención a la presencia de subtitulado adaptado e interpretación en lengua de signos para pacientes sordos o con discapacidad auditiva, así como audiodescripción para pacientes ciegos o con discapacidad visual.

Además, propone información en lectura fácil para pacientes con discapacidad cognitiva, entre otras medidas de accesibilidad.

NORMATIVA

El estudio incluye un conjunto de normas para garantizar que centros de salud, hospitales, servicios, información y comunicación sean accesibles para todas las personas.

Para ello, engloba el conjunto de leyes, reglamentos, normas técnicas y directrices que establecen cómo deben diseñarse, construirse y prestarse los entornos, productos, servicios y tecnologías accesibles en el ámbito sanitario y de atención a la ciudadanía.

Asimismo, aporta disposiciones sobre accesibilidad física —infraestructuras sin barreras—; accesibilidad a la comunicación —intérpretes de lengua de signos, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, medios de apoyo a la comunicación oral, lectura fácil—, y accesibilidad tecnológica —portales web y apps sanitarias adaptadas—.

Asimismo, propone a los servicios de salud la obligación de implementar ajustes razonables y medidas proactivas para eliminar barreras, asegurando una atención equitativa, eficaz y segura.

También recomienda criterios de formación específica para los profesionales sanitarios en la atención a personas con discapacidad, así como aportando mecanismos de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de accesibilidad.