El acto estuvo presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien, en su intervención de bienvenida, aseveró que, con dicho acto, la Fiscalía General se suma al 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, a su juicio, “supuso un salto histórico para los derechos humanos” y, además, “reconoció plenamente la igualdad en la capacidad jurídica” de las personas con discapacidad y “su derecho a contar con los apoyos necesarios para la toma de decisiones”.

“Entre las aportaciones más significativas de la Convención destacan el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a los ajustes en el proceso”, destacó, convencida de que se trata de “derechos esenciales para que el acceso a la justicia sea real y efectivo”.

Tras puntualizar que, para la Fiscalía, “constituyen un mandato directo y muy exigente”, admitió que dicha convención “recuerda” a las autoridades que deben “garantizar el acceso a la información, a las comunicaciones, a los entornos y a los servicios en igualdad y condiciones” y que, cuando la información “no se ofrece de una manera accesible” se genera “una discriminación indirecta que afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Peramato dijo “asumir” que la accesibilidad “es un objetivo transversal” y se mostró “consciente de que nos queda mucho por hacer”. “Sabemos que las víctimas con discapacidad intelectual y psicosocial, especialmente las que tienen problemas de dependencia, denuncian muy poco y uno de los retos que debemos afrontar es precisamente conocer mejor esa realidad”, sentenció, al tiempo que señaló la necesidad de “avanzar en que el lenguaje jurídico sea accesible a las personas que tienen una mayor vulnerabilidad”.

NIVEL DE EXIGENCIA MUY ALTO

“Sabemos que las reformas legislativas en materia de accesibilidad y apoyo nos han situado en un nivel de exigencia muy alto, plenamente coherente con los estándares internacionales”, prosiguió, al tiempo que indicó que la reforma del artículo 49 de la Constitución “obliga a garantizar la plena autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles”.

En la misma línea, aseveró que “cumplir este mandato” es “no solamente una obligación constitucional, legal e internacional”, sino que “es una convicción profunda” el hecho de trabajar para que este servicio jurídico “sea accesible”, lo cual, a su entender, “significa avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”,

CAMPAÑA

La acción de sensibilización fue presentada este jueves por la codirectora del Ceacog Blanca Tejero y pretende evitar situaciones de “indefensión” provocadas por una “falta de comprensión” en alguna de las fases del proceso judicial, para “garantizar que todas las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho de acceso a la justicia”.

Según precisó Tejero, una encuesta realizada por el Ceacog en 2023, con una muestra de 2.177 participantes, mostraba que el 67,34% de las personas consultadas consideraba que la justicia es difícil de entender a veces o siempre y que esas dificultades de comprensión se refieren a los procesos, los documentos o las decisiones judiciales.

En este contexto, ‘Inclínate por lo fácil. Porque si es fácil, es justo’ es una “invitación” a los distintos operadores jurídicos a implicarse en la promoción de la accesibilidad cognitiva, para conseguir que la justicia sea más fácil de entender para todas las personas.

La campaña se desplegará a través de contenidos y materiales audiovisuales en los canales digitales del Ceacog y también se pondrán a disposición de los operadores jurídicos diferentes materiales gráficos para su difusión en medios digitales y soportes físicos vinculados a estos ámbitos profesionales.

JUSTICIA FÁCIL DE ENTENDER

Los asistentes al acto también tuvieron ocasión de conocer una experiencia de accesibilidad y justicia en primera persona, de la mano de la formadora de Acceso a la Justicia Pilar Bernárdez y de Manuel Seoane, de Fademga Plena inclusión Galicia.

Por último, tuvo lugar un espacio de diálogo sobre cómo adaptar la justicia para que sea fácil de entender, en el que participaron el fiscal en la Comunidad Valenciana, Héctor Melero; la jurista de Impulsa Igualdad y representante de Cermi, Jara Sánchez; la asesora del Ministerio de Justicia Escarlata Gutiérrez y el director general de Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martin Blanco, quien animó a “viralizar mucho” la campaña.