En julio, los expedientes de regulación de empleo que dieron lugar a despidos incluyeron a 8.300 trabajadores, un 13,1 por ciento más que el mismo mes del año pasado. Los demás expedientes de regulación, en su mayoría suspensiones temporales de empleo, afectaron a otras 16.500 personas.

Los datos del Ministerio de Trabajo indican que las ramas de actividd más afectadas por los despidos colectivos fueron las empresas textiles, las de alimentación, las metálicas y las de construcción de maquinarias de oficina y material electrónico.

Sólo el 13 por ciento de los despidos colectivos autorizados no fueron pactados previamente con los representantes de los trabajadores, dato que revela la trascendencia de una eventual supresión de la autorización administrativa de los expedientes.

Por lo que se refiere al conjunto de los expedientes de regulación de epleo, incluyendo los de despido, suspensión temporal de la actividad y reducción de jornada, los trabajadores afectados fueron hasta julio 159.100, un 16,6 por ciento menos que en el mismo periodo del 91.

Sólo el 4 por ciento de los expedientes de regulación no fueron autorizados por la Administración, a lo que contribuyó el hecho de que alrededor del 80 por cien habían sido pactados previamente entre las direcciones de las empresas y los trabajadores.

Las empresas más afectadas por las regulacioes fueron, entre otras, las metálicas, la industria química, las pesqueras, las de construción naval, las textil y las compañías automovilísticas y de repuestos.

Estas últimas, aunque presentaron expedientes que afectaron a más de siete mil trabajadores, vieron sensiblemente mejorada su situación respecto a 1991, cuando las regulaciones afectaron a más de 50.286 personas.

POLEMICA

Los sindicatos consideran que los datos del Ministerio de Trabajo, que revelan un alto grado de acuerdo previo entr empresas y trabajadores antes de presentar expedientes de regulación de empleo, deberían considerarse como una razón más para no suprimir la autorización administrativa previa.

Por su parte, la patronal alega que la autorización es un intervencionismo injustificado de la Administración y que sólo el tiempo que se tarda en otorgarla puede suponer pérdidas importantes para la empresa, al retrasar la aplicación de planes de reconversión.

La CEOE entiende que debe irse más allá de la libertad de desidos colectivos y establecer la incompatibilidad entre el disfrute de las indemnizaciones individuales de despido y el seguro de paro.