Así lo recoge la Declaración Institucional aprobada en la última Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que este organismo ha hecho llegar a los 8.000 ayuntamientos españoles, con motivo de esta jornada, declarada en 2019 por el Consejo de Ministros.

El texto, recogido por Servimedia, apela a las entidades locales a “garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural de nuestros municipios y ciudades”.

En concreto la FEMP solicita que “contribuyan a la lucha contra la discriminación laboral de las personas con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades” y que cumplan con la reserva de plazas ofertadas de empleo público para personas con discapacidad, como marca la legislación.

PARTICIPACIÓN

“Llamamos a los gobiernos locales a promover la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan a su vida y a su comunidad. Es fundamental garantizar su representación en los órganos de consulta y en el diseño de políticas públicas que impacten en su bienestar, reforzando así el principio de autonomía y autodeterminación”, prosigue la federación.

La organización también insta a los gobiernos municipales a que impulsen políticas que garanticen “el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vivienda digna, accesible y adaptada a sus necesidades”. “Es fundamental fomentar la rehabilitación y adaptación del parque de viviendas existente, así como el desarrollo de nuevas fórmulas habitacionales inclusivas, como viviendas con apoyos, modelos colaborativos o soluciones de 'cohousing', que favorezcan la autonomía y la vida independiente en la comunidad”, detalla la declaración.

Un hombre en silla de ruedas observa la costa | Foto de 123RF/saianoo

ENTORNOS ACCESIBLES

Otras peticiones son invertir en entornos accesibles y soluciones innovadoras en pro de este colectivo. “Solicitamos a las entidades locales que cumplan con los principios rectores y las disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, concluye el texto.

Esta convención, reconocida como un tratado internacional de derechos humanos de obligado cumplimiento, orienta a los Estados en la adopción de políticas basadas en un enfoque de derechos humanos en materia de discapacidad. España ratificó este tratado en 2007 e incorporó su contenido al ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008.

En este tiempo, resalta la FEMP, ha habido “un avance significativo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad”, entre los que cita “su integración en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos fundamentales y la creación de un marco legal exigible”.

En la práctica, destaca la federación, algunos de los avances que ha permitido la convención en España ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para alinearla a los principios de la ONU o la directiva europea que regula la tarjeta europea de discapacidad y actualiza la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en toda la Unión.