Así lo reivindicó en el marco de su VI Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, que ha celebrado el 21 y 22 de mayo en Santander en colaboración con su red territorial EAPN Cantabria y que se ha centrado en los sistemas de ingresos a nivel europeo, estatal y autonómico, con el “foco puesto” en la primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza anunciada por la Comisión Europea, según precisó la red en un comunicado.

La sesión inaugural de las jornadas contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Capacitación, Roxana Mînzatu; la secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena Rodríguez; el subdirector general de Políticas de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gonzalo Valencia; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de EAPN Cantabria, Daniel Pesquera, y Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa.

Un centenar de personas asistió a los diferentes paneles del Congreso, en los que se abordaron cuestiones “clave” para EAPN-ES en materia de rentas mínimas. Entre ellas, las recomendaciones del Consejo Europeo sobre unos ingresos adecuados, las políticas de inclusión a nivel autonómico y propuestas estratégicas para mejorar la garantía de ingresos y los derechos de las personas.

Este último espacio contó con la participación del director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil.

Según la red, los sistemas de garantía de ingresos han “demostrado” ser una herramienta “imprescindible en la lucha contra la desigualdad”, respecto a los cuales se han adquirido compromisos internacionales que, para EAPN-ES, “deben centrar las políticas sociales en la actual legislatura del Parlamento Europeo y estar presentes en la futura Estrategia Europea contra la Pobreza”.

DIRECTIVA MARCO

En este sentido y frente a las constantes tasas de pobreza a nivel europeo, desde la Red urgen a impulsar una Directiva Marco vinculante de la UE sobre una Renta Mínima Adecuada y un sistema en España que asegure un nivel mínimo de ingresos para todas las personas durante todo el ciclo vital, “garantizando así la protección frente a la vulnerabilidad estructural que afecta a distintos colectivos”.

En el caso español, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 supuso, a su entender, “un paso importante” en el sistema de protección social, que contó además con un amplio consenso político. “Sin embargo, esta medida está aún lejos de alcanzar todo su potencial, sobre todo en la reducción de la pobreza severa”, lamentó la red.

Desde EAPN-ES han recordado, en el marco del VI Congreso Europeo, la necesidad de consolidar un sistema estatal de rentas mínimas que combine el IMV con las rentas autonómicas, de manera que estas puedan responder a las situaciones de pobreza sobrevenida que el IMV no alcance a cubrir.

A su vez, se han propuesto otras recomendaciones, entre ellas mejoras en el diseño y el acceso al IMV, establecer un sistema que calcule las cuantías de la prestación en base a los ingresos recientes y no a los del año anterior, revisar los requisitos para el acceso de jóvenes y de personas migrantes independientemente de su situación administrativa, y reducir las trabas burocráticas.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

La red recordó que su VI Congreso se ha celebrado marcado por el contexto de “incertidumbre internacional” y la “constatación un año más de unas tasas de pobreza a nivel europeo y estatal altas y constantes”, que, según su punto de vista, “nos alejan de los compromisos internacionales adquiridos por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030”.

“No podemos olvidar que, según los últimos datos publicados por Eurostat, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024. En el caso de España, nuestro país ocupa el cuarto puesto con el 25,8 % de la población afectada por esta problemática: casi 12,5 millones de personas, frente a una media europea del 21,0 %, con especial impacto en mujeres, jóvenes, familias con menores a cargo y personas con menor nivel educativo”, apostilló.

Para EAPN-ES, la celebración del VI Congreso ha supuesto “una oportunidad para poner en la agenda autonómica, estatal y europea propuestas estructurales en materia de ingresos mínimos, como medidas clave para defender los derechos sociales y garantizar una vida digna para millones de personas”.