Fuentes solventes del MOPTMA han confirmado a Servimedia que ya se ha impugnado, junto con Portugal, la directiva de cable de la Comisión, alegando que "transgrede los acuerdos del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea". Además, han informado que los equipos jurídicos del ministerio "trabajan en un recurso similar contra la directiva de comunicaciones móviles y personales".

En el caso de la directiva de cable, España y Portugal cusan a la Comisión de injerencia en las competencias del Consejo Europeo de Telecomunicaciones de la UE, por imponer la liberalización de las infraestructuras de cable este año, 1996, cuando los acuerdos de los ministros comunitarios fijan el plazo de 1998.

Destacados responsables del MOPTMA han señalado a Servimedia que "no estamos dispuestos a variar nuestros planes de apertura de mercado y aplicarla este mismo año, primero porque no estamos preparados y segundo porque el Consejo de Ministros Europo concedió a España, Irlanda, Portugal y Grecia un permiso incondicional para llevar a cabo el proceso, es decir, sin injerencias".

El conflicto legal planteado por España y Portugal ante los tribunales comunitarios podría recrudecerse aún más si los equipos jurídicos del MOPTMA aconsejan impugnar también la directiva de la Comisión sobre comunicaciones móviles y personales.

En este caso, la Administración española considera que "se ha producido una injerencia de la Comisión en la regulación del spacio radioeléctrico nacional, algo que forma parte de la soberanía de los estados miembros". Las citadas fuentes afirmaron que están dispuestos "a llevar el caso ante los tribunales europeos para que los resuelvan".

Esta directiva consagra la posibilidad de que los actuales operadores de telecomunicaciones dispongan ya de las futuras licencias de móviles antes de la liberalización del 98, para aumentar sus servicios, algo, afirman en el MOPTMA, "que es competencia exclusiva de cada Estado".

Adeás, señalan que el Consejo de Ministros de la UE autorizó a España, Irlanda, Portugal y Grecia a ampliar el plazo de 1998 en 5 años, "y sin condiciones", para la plena liberalización de redes y servicios, y aunque el Gobierno español ya ha dicho que aplicará la apertura en 1998, la decisión de conceder nuevas licencias "es competencia exclusiva y soberana de cada país".

Los responsables españoles de Telecomunicaciones señalan que tras las directivas de la Comisión objeto de polémica "se esconde la batlla institucional que mantiene con el Consejo de Ministros" por el Gobierno efectivo de la UE, y para ello no ha dudado en establecer normativas que "inundan tanto las competencias del Consejo como la autonomía y soberanía de los propios estados".