El alto cargo del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) valoró "muy positivamente" la sentencia, que da la razón al Gobierno vasco en el contencioso surgido en 1988 por la apertura de una oficina en Bruselas, sede de la Comisión Europea.

El Constitucional distingue entre las actividades propias de las relaciones internacionales, exclusivas del Estado, y otras acividades que pueden realizar en el extranjero las autonomías sin perturbar ni condicionar la política exterior del Estado.

Entre estas últimas figuran, por ejemplo, un viaje de un presidente autonómico a Méjico o a Bruselas. Sin embargo, para prevenir que las autonomías puedan transgredir esos límites, la Administración central puede "establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas", según fija el Tribunal Constitucional.

Sin embargo,Peña manifestó que estas normas de regulación "no son ahora imprescindibles; no sé si convenientes". En todo caso, precisó, se adoptarían "cuando se considere necesario" y estarían "claramente pactadas". "No barajo la hipótesis de que el Estado lo haga contra las comunidades autónomas", concluyó el secretario de Estado, quien agregó que sería un "error político" hacerlo ahora.