Así lo afirmó en un comunicado en el que juzgó “inaceptable” el hecho de “pretender” que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones a las víctimas de abusos eclesiales y estimó que el apartado sobre prevención “se queda muy corto” porque “no se ha realizado un estudio y diagnóstico suficiente de las causas de los abusos”.

“La infancia se ve expuesta, en particular en la catequesis que se imparte en las asignaturas escolares de religión, a un adoctrinamiento en buena medida anticientífico (que incluye creacionismo y pensamiento mágico-milagrero) y en el que se intenta imponer una moral heterónoma con grandes dosis de homofobia y misoginia; en una palabra, del machismo que cabe esperar de una institución que discrimina de una forma extrema a las mujeres”, sentenció Europa Laica.

A su juicio, “todo esto ya debería ser suficientemente grave para que el Estado no permita, y menos aún facilite, aliente y financie, mediante la instrucción religiosa, el posible daño causado al desarrollo de los menores, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear”.

En paralelo, mostró su “desacuerdo” en “dejar a merced de la buena voluntad de la Iglesia” la adopción de "compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas y la reparación”. “Es el Estado quien debe exigirle la reparación de las víctimas”, apostilló.

DEFENSA DE LA INFANCIA

En este contexto, estimó que el Estado debe establecer “como medida de prevención básica”, además de “toda la vigilancia de tipo policial que sea necesaria”, una “defensa” de la infancia que “niegue a la Iglesia católica, a otras confesiones religiosas y, en su caso, a otras instancias ideológicas”, la “posibilidad de adoctrinamiento y acoso mental infantil”.

Esto se “traduce”, entre otras cuestiones, a su entender, en que “no debe haber ninguna asignatura de ninguna religión, o de otras creencias particulares en la escuela” y en que “no puede ser que el Estado financie escuelas confesionales a través de los llamados conciertos educativos”.

Estas medidas, así como las referidas a la financiación estatal de la Iglesia católica, “exigen”, según su criterio, la “urgente derogación, no reforma, de los Acuerdos con la Santa Sede”.