Según explicó en rueda de prensa el director general de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez, entre 1986, año en que España entró en la Comunidad Económica Europea, y 1992, este país podía registrar sólo las llamadas patentes de procedimiento, es decir, los pasos dados por el laboratorio hasta conseguir el medicamento que finalmente comercializa.

A partir de 1992, España puede registrar también la conocida como patente de producto, que equivale al fármaco que sacará al mercado.

Tanto las patentes de procedimiento como las de producto tienen una protección de 20 años, periodo en el que el laboratorio propietario del producto patentado dispone de la exclusividad del fármaco y, por tanto, no se pueden comercializar genéricos de él.

LO QUE PIDEN LOS LABORATORIOS

Lo que piden ahora algunos laboratorios propietarios de patentes de medicamentos es que las patentes de procedimiento se conviertan en patentes de producto, que en España entraron en vigor en 1992, y que así la protección de esos fármacos comience a contar desde el 92 y no desde el año en que se registraron, continuó Rodríguez.

A juicio de Aeseg, la prolongación de la protección de estos medicamentos provocaría un retraso de tres años de media en la disponibilidad de "un buen número de fármacos genéricos", que no pueden comercializarse hasta que no finaliza ese periodo de 20 años de protección.

Según la asociación que agrupa a los fabricantes de genéricos en España, actualmente, existen 27 fármacos a punto de perder su exclusividad tras haber transcurrido los 20 años que se otorgan a los laboratorios para comercializarlos en régimen de monopolio. Muchas de ellas, se encuentran en las listas de los más consumidos dentro del SNS y suponen, todas ellas, un 20% de la factura farmacéutica nacional.

REPERCUSIÓN DEL CAMBIO NORMATIVO

Aeseg ha encargado un estudio a la consultora Solchaga Recio & asociados para calcular el coste que supondría al Sistema Nacional de Salud y a sus usuarios la modificación de la regulación de las patentes en España. El trabajo cifra en un total de 3.668 millones de euros el sobrecoste que la factura farmacéutica tendría que soportar en los próximos diez años.

Debido al desigual reparto de la población, las comunidades autónomas más afectadas en términos absolutos serían Andalucía y Cataluña, con más de 600 y 550 millones de euros de impacto, respectivamente, señala el informe.

En lo que respecta al coste per cápita, la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Extremadura se encontrarían entre las regiones con mayor impacto, variando el coste por individuo desde los 97 euros de Valencia hasta los 94 de Extremadura.

En virtud de este trabajo, el cambio en la regulación del sistema de patentes supondría a los pacientes un sobrecoste de 220 millones de euros en la próxima década, una cantidad que se distribuiría de forma desigual entre los usuarios del SNS.

Por todo esto, la patronal Aeseg pide al Gobierno que aclare la situación de las patentes en España y permita de este modo el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas versiones genéricas.