Así lo denunció el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, en una entrevista concedida a Servimedia, convencido de que la actual política de vivienda impulsada por el Ejecutivo central es “prácticamente inexistente”, dado que el gabinete de Rodríguez “no está llevando a cabo medidas que realmente mejoren la protección de los ciudadanos”.

A este respecto, lamentó que su “medida estrella” haya sido “poner en marcha un teléfono”, algo que tildó de “realmente bochornoso”, y urgió a "mejorar el marco legislativo hasta donde lo permitan las limitaciones que hay a nivel de Gobierno central frente a competencias exclusivamente autonómicas". "En su momento, trasladamos una serie de reivindicaciones y necesarias reformas en la legislación y no han sido atendidas”, criticó.

En este sentido, subrayó que “hay cuestiones absolutamente elementales que se podrían perfectamente llevar a cabo”, entre las que mencionó que la Ley de Arrendamientos Urbanos contemple que, “cuando un inmueble se alquila para uso de vivienda, el propietario no pueda firmar un futuro contrato con una subida superior al IPC”.

Por otro lado, Facua defiende que el inquilino “sea tratado como un consumidor”, de modo que, “si sufre algún incumplimiento por parte del propietario de la vivienda”, este “pueda ser multado aplicándole las leyes de consumo” al entender que “ha cometido un fraude al consumidor y una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo”.

“Hoy en día muchos inquilinos sufren abusos de caseros y la única forma de resolverlo es los tribunales porque no pueden denunciarlos ante organismos de consumo”, afeó su secretario general.

INSPECCIÓN Y SANCIÓN

En paralelo, juzgó “fundamental” la mejora de “protocolos de inspección y sanción” contra las empresas que “siguen cobrando conceptos ilícitos” a los consumidores que compran entradas para conciertos o festivales, eventos o espectáculos, como los gastos de gestión.

“Esa es una práctica que, con independencia de los cambios o la mejora legal que haya podido incorporar la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, siempre ha sido ilegal y no era ni tan siquiera necesario mejorar la ley”, abundó, al tiempo que indicó que, ya que ahora existe, “hay que aplicarla y sancionar a toda empresa que infle el precio incluyendo gastos de gestión o similares”.

Junto a ello, abogó también por perseguir a las empresas que “están cometiendo fraudes masivos contra, sobre todo, consumidores jóvenes” en festivales “impidiéndoles entrar al recinto con comida y bebida”.

Tras puntualizar que un juez de Valencia ha declarado ilegal esta práctica en una sentencia contra una promotora denunciada por Facua, Sánchez destacó que “falta” que “todas” las comunidades autónomas y el Ministerio de Consumo en los casos de festivales o eventos que se organicen en distintas regiones “apliquen sanciones proporcionales a la gravedad del fraude”.

“Las comunidades autónomas deberían de tomarse en serio la aplicación de las leyes de consumo y ayudarnos de una vez a los consumidores en lugar de obligarnos a judicializar estos temas”, apostilló, al tiempo que avanzó que la organización “tendrá que poner más demandas judiciales contra más empresas por este fraude en concreto”.

SPAM

Por otra parte, dijo “esperar” que, una vez entre en vigor la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, “de verdad notemos cambios” también en lo que se refiere al spam telefónico “porque las nuevas medidas garanticen que haya un bloqueo masivo de llamadas spam”.

“En cualquier caso, hay que estar vigilantes para que, en caso de que continúen produciéndose anomalías y contratos fraudulentos fruto de spam, se actúe contra las empresas que se benefician de esos contratos fraudulentos, contra las grandes empresas eléctricas y del sector de las telecomunicaciones”, agregó, al tiempo que confirmó que “ahora mismo” es la “vía más frecuente” de dar de alta a un usuario, “engañándole en cuanto a las condiciones del servicio en electricidad y en telecos”.

LEY DE CONSUMO SOSTENIBLE

Por último, en relación a la futura Ley de Consumo Sostenible que prepara el Ministerio de Consumo, Sánchez consideró que el gabinete liderado por Pablo Bustinduy “se está quedando muy corto en relación a la reduflación” y exigió que la norma “contemple” que el etiquetado del producto “aclare cuál ha sido el cambio en el producto, tanto en composición como en peso o capacidad”.

En este punto, estimó que el Gobierno “debería avalar ese cambio planteado” para que el texto incluya una enmienda que “garantice” que la reduflación “sea aclarada a los consumidores en el etiquetado del producto y no en carteles dispersos por los supermercados que nadie ve”.