Así concluye un trabajo de 10 páginas redactado por el director ejecutivo del ‘think tank’, Ángel de la Fuente, que trata los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones y calcula que, “en torno” a 2050, el Estado tendrá que inyectar a la Seguridad Social recursos extra por valor de “unos” 4,5 puntos de PIB cada año. Esta cifra, según Fedea, equivale al 60% de la recaudación por IRPF en 2019, cuando los ingresos por este impuesto ascendieron al 7,56% del PIB.

“Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población”, advierte la fundación en su informe.

Fedea ya avisó hace unos años de que sus previsiones cifraban la factura de la primera reforma de las pensiones –en la que se indexó los subsidios al índice de precios al consumo (IPC) y se suprimió el factor de sostenibilidad– en entre 3,8 y 4,7 puntos del PIB, “dependiendo de las previsiones de inmigración utilizadas”.

Esa cifra se actualizará en las próximas fechas, pero, a falta de conocerla, el organismo ya sostiene que la reforma en curso “condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico –antes de transferencias– elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades”.

En opinión de Fedea, el Gobierno perderá en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones la oportunidad de asegurar su “sostenibilidad”, después de que en la primera pata aprobase una serie de medidas que causarán “un fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones”.

A su juicio, la segunda parte de la reforma “debería haber servido para cerrar el grueso de esta brecha”. Sin embargo, lamenta que “las medidas compensatorias adoptadas hasta el momento son claramente insuficientes”.

En este sentido, el estudio deplora que, con el procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial –que permitirá al trabajador escoger entre los últimos 25 años de actividad o 29 años sin contabilizar los dos peores–, el Gobierno “renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo”, además de incrementar el gasto, “pues sólo optarán por el período de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta”.

MEDIDAS DE INGRESOS INSUFICIENTES

Respecto al resto de medidas de ingreso previstas, vaticina que su impacto “será muy limitado”. “En buena parte”, porque se concentran “en un segmento muy reducido de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que sólo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo”.

A su vez, porque augura que el destope de las cotizaciones, la introducción de la cuota de solidaridad y la subida de los tipos de cotización ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) incrementará la recaudación en 0,68 puntos de PIB,” una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto”.

A estas dos vías de ingresos, habría que sumar el impacto de la reforma del sistema de cotización de los autónomos y de la introducción de incentivos para la prolongación de la vida laboral. Ambas medidas tienen impactos “inciertos y difíciles de estimar”, pero Fedea se inclina a pensar que “ninguno de ellos generará ahorros significativos a largo plazo”. En el mejor de los casos, elevaría “el efecto conjunto de las medidas compensatorias incluidas en las dos fases de la reforma ascendería a 1 punto del PIB en 2050”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el 'think tank' considera que las medidas del Gobierno son insuficientes para garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones contributivas.