Así lo avanzó en unas jornadas del PP celebradas en el Senado bajo el título ‘Iniciativa Legislativa del Senado en el Estado de Derecho’, donde denunció que la Mesa del Congreso ha frenado 31 leyes de la oposición. De esta cifra, dijo que 17 “saldrían adelante” de mantenerse el sentido del voto en la Cámara Baja para aprobar, por ejemplo, la ley para expulsar a aquellos inmigrantes que delincan “repetidamente”, desalojar okupas en 24 horas, bajar el impuesto a las peluquerías o dar el grado mínimo de discapacidad a las personas en situación de dependencia.

Este conflicto de atribuciones será el quinto que se plantee en lo que va de legislatura después de que el Senado ya lo hiciera contra la tramitación de la Ley de amnistía, la reforma judicial que benefició a presos de ETA, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia o las enmiendas “guillotinadas” de la Ley de desperdicio alimentario. No obstante, estos dos también se plantearon ante el Gobierno, por lo que sería la séptima actuación en este sentido.

Cuando el Pleno del Senado apruebe el conflicto, se abrirán dos fases. En la primera, el Senado requerirá formalmente al Congreso que se retracte de su decisión en los siguientes 30 días. De no contestar o negarse, el Senado podrá entonces elevar el conflicto al Tribunal Constitucional para que lo resuelva, aunque este paso es opcional. No lo hicieron, por ejemplo, con la amnistía para prevenir un primer revés del Alto Tribunal, con mayoría progresista.

Feijóo denunció a lo largo de todo su discurso varias “grandes anomalías que atentan contra la base” de la Carta Magna, principalmente, que el Gobierno de Pedro Sánchez incumplirá por tercer año consecutivo la obligación constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre. Pero también apuntó al “nivel de corrupción” del Gobierno, la legislación “al dictado de partidos separatistas que quieren acabar con la unidad del Estado” o los ataques a los jueces.

“Esto no es ni siquiera un rodillo parlamentario como el que tantas veces se denuncia en democracia, es muchísimo más grave. El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno. Y ante esta situación es evidente que no vamos a cruzarnos de brazos”, declaró.

“Ya está bien de que se bloquee el normal funcionamiento de una Cámara tan legítima como el Congreso y de que se impida por razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles”, prosiguió. “La presidenta del Congreso y los miembros de la Mesa que están avalando esta conducta deben de ser conscientes de que sus decisiones son arbitrarias y partidistas, son injustas y, lo más grave, incurren sistemáticamente en fraude de ley. Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato”, culminó.