Feijóo celebró la rectificación del Ejecutivo porque era “incomprensible que el Gobierno también se plantease sortear la ley en la convocatoria” de la cumbre. El artículo 5.2.c del Reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que se incluirán en el orden del día los asuntos propuestos por la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas –y las del PP suman 13 de 19–. El Gobierno, sin embargo, se negó en primera instancia a incorporar algunas peticiones de los gobiernos autonómicos. Entre ellos, la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Los presidentes autonómicos del PP amenazaron al Gobierno con una cascada de recursos ante el Tribunal Supremo si no incluía todas sus propuestas con la literalidad exigida, y se plantearon la posibilidad de plantar a Sánchez en Barcelona. Finalmente, el Ministerio de Política Territorial accedió a la exigencia de las comunidades para cortar el órdago y Feijóo se felicitó por ello.

“Se ha rendido a la evidencia” –se jactó en un mitin en Logroño– “porque así funciona la democracia y así funciona el Reglamento de la Conferencia de Presidentes. Y se ha demostrado para qué sirve la potencia autonómica del Partido Popular: para evitar que el presidente del Gobierno imponga su agenda. Al final, es el PP el que le obliga a hablar de lo que la gente la reclama”.

Feijóo puso en valor que, en un momento en el que Sánchez lleva “un mes callado” por los casos de presunta corrupción que le acorralan, los presidentes del PP sean quienes “le sienten en la mesa” para “escuchar las verdades que no quiere oír”.

“Por eso, desde aquí, desde La Rioja, le doy la enhorabuena a todos los presidentes y presidentas del Partido Popular por cumplir con su deber. Nos querían callados, pero nos tendrán exigentes. Una cosa es que Sánchez pueda alejarse de hablar de Leire ante los medios de comunicación y otra es que le vayamos a permitir que no hable de los temas de gestión en los que está fallando este Gobierno, que está más pendiente de los juzgados que de las personas”, concluyó.

NUEVO ORDEN DEL DÍA

El nuevo orden del día recoge 14 asuntos a tratar: seis propuestos por el presidente del Gobierno y ocho por las comunidades del PP. Sánchez plantea tratar las políticas de vivienda, así como la compra por parte de personas no residentes; la financiación de la educación infantil, la universitaria y la Formación Profesional; la descarbonización y la seguridad del modelo energético; la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas y la aprobación por real decreto ley de las entregas a cuenta; el plan migratorio “estructural” y las infraestructuras.

Las comunidades del PP, por su parte, han incorporado a la agenda la “reforma de la financiación autonómica”, la “inmediata actualización de las entregas a cuenta” y la “retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda”; el acceso a la vivienda y la “lucha contra la ocupación y la inquiocupación”; el “nuevo plan energético” con “más seguridad e inversiones técnicas en las redes de REE y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón”; y el “control de fronteras y política migratoria” como “competencia exclusiva del Estado”.

Del mismo modo, se hablará a propuesta del PP de las “inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones”, del “déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia”, de la “retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal” y de la “financiación del primer ciclo de educación infantil”, es decir, de las guarderías.