Lo hicieron durante un diálogo sobre el cuarto aniversario de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a fundación Aequitas y la Alianza Apoyo y Autonomía.

En el encuentro participaron además el presidente de la asociación Liber, Luis Gonzaga; el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Gregorio Saravia, y Ramón Corral, colaborador de la Fundación Aequitas, notario jubilado y premio Foro Justicia y Discapacidad, que también exigieron el desarrollo de esta figura.

Según Cáceres, esta ley fue “súper importante para las personas con discapacidad porque a muchas nos permitió empezar a decidir sobre nuestras vidas”. Antes, las personas que habían sido incapacitadas judicialmente “no podíamos decidir si nos queríamos casar, si queríamos trabajar…”, dijo Cáceres a modo de ejemplo.

Por eso calificó la reforma de “muy innovadora”, aunque admitió que “quedan retos pendientes”. Entre estos, destacó la necesidad de “seguir desarrollando la figura del facilitador judicial”, aquel profesional que se ocupa de que las personas con discapacidad –sobre todo intelectual y del desarrollo- comprendan la información, puedan expresarse y tomen decisiones informadas en los procedimientos judiciales y policiales.

“Hay muchas personas con discapacidad intelectual que terminan en la cárcel sin saber muy bien qué han hecho ni por qué están ahí”, denunció Cáceres. El problema, señaló, es que el proceso judicial “no es accesible” para ellas.

La misma idea expresó la fiscal Segarra. “Esto es un hecho. Hay muchas personas a las que se les detecta la discapacidad intelectual ya en el sistema penitenciario", indicó.

De ahí se deduce que “nunca les ofrecieron los apoyos que necesitaban” a lo largo del proceso judicial para llegar a comprenderlo y, por tanto, manejarse en él con igualdad de oportunidades, lamentó.

En su opinión, uno de los aspectos más destacados de la Ley 8/2021 fue su refuerzo de la autonomía de las personas con discapacidad mediante apoyos individualizados que garantizasen la accesibilidad del sistema de Justicia.

REGULACIÓN

“Una persona con discapacidad puede ser víctima, agresor, testigo, ser despedida, querer casarse o divorciarse, tener un problema con un banco". Y para todas estas son situaciones que se pueden dar, recalcó Segarra, “hemos de garantizar que la persona comprende y entiende el proceso en el que se ve inmersa”.

Por eso, reivindicó la figura del facilitador, que “es quien nos tiene que explicar a los fiscales y a los operadores judiciales y policiales cómo actuar y qué hacer para garantizar esa accesibilidad”.

Aunque se han hecho esfuerzos por parte de algunas comunidades autónomas, “nos falta esa definición legal y concreta”. Tenemos que definir cuáles son los requisitos académicos y laborales que se le deben exigir a estas personas para ejercer como facilitadoras “, agregó.

A su juicio, hay que “definir bien el perfil o perfiles profesionales” que se requieren y, reflexionó, que “las necesidades de las personas también varían mucho en función de su tipo de discapacidad”. Por tanto, no siempre el facilitador tendrá las mismas tareas.

UN HITO

Saravia compartió esta demanda y reivindicó seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, que “es un reto enorme”. “Desde el Cermi vamos a seguir vigilantes para asegurar el cumplimiento pleno de la ley”, que en conjunto calificó de “muy positiva”. “Volvamos la vista atrás y pensemos en lo que teníamos antes", propuso Saravia.

En su opinión, esta norma supuso devolver la dignidad a personas con discapacidad que habían sido incapacitadas judicialmente. Ahora bien, estos apoyos han de ser individualizados, prosiguió, y las administraciones deben involucrarse para facilitarlos.

Según Ramón Corral, la norma “abrió una puerta muy importante” y recogió el espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe toda discriminación en el reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica.

De cierta manera, fue “volver a los consejos de familia y restablecer la preeminencia de las decisiones familiares en la vida de muchas personas con discapacidad”, explicó Corral.

Valoró de forma "muy positiva" que “los apoyos judiciales estén supeditados a los apoyos de carácter voluntario” porque se trata de evitar que “haya que pasar por el juzgado” para llevar a cabo muchos actos de la vida cotidiana de estas personas.

El presidente de Liber (agrupa a entidades de apoyo a la toma de decisiones) incidió por su parte en que, antes de adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas, la incapacitación judicial de una persona “suponía su muerte civil”.

A su juicio, la aprobación de dicha norma en 2021 representó “un auténtico hito”, "bien porque a muchas personas se les restituyó esta capacidad jurídica, bien porque a otras muchas se les abrió la posibilidad de ejercerla a partir de los 18 años”. “Derecho significa dignidad, concluyó.

ACCESIBILIDAD

Para Segarra, “lo más relevante de la nueva ley fue poner el foco en la accesibilidad”. “La Justicia no es accesible”, admitió, y esta ley, que entre otras reformó la de Enjuiciamiento Civil, insta a asegurar los apoyos individualizados que sean precisos a fin de que sí lo sea. Por eso, “nos situó en la rampa de salida” para empezar a formarnos y a trabajar en ello, aplaudió.

En la actualidad, 150 jueces se están formando sobre accesibilidad cognitiva gracias a Plena inclusión y avanzó que también se trabaja en una guía dirigida a los operadores jurídicos, a fin de ofrecerles herramientas con las que aplicar mejor la nueva ley.