Así lo expuso la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, en el seno de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, en la que defendió su propuesta de ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas legalmente por razón de discapacidad, una práctica legal en España entre 1989 y 2020.

Peláez pidió apoyo a los parlamentarios a esta iniciativa y que la “estudien con rigurosidad y urgencia” y la hagan suya para sacarla adelante como una posible ley. Asimismo, apeló al consenso en el Congreso para aprobarla como ley para reparar una “violación sistemática de derechos humanos” y aborde así la “mayor deuda pendiente” con las mujeres con discapacidad.

En virtud de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, esta propuesta reforzaría las garantías para el respeto a la integridad personal de las personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres y la infancia, a través de una protección integral a víctimas de esterilizaciones forzadas.

La reparación a las víctimas que propone la FCM incluye la restitución, la indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición. Esta reparación pretende tener un efecto preventivo y disuasorio inherente respecto de la comisión de transgresiones semejantes en el futuro.

CINCO EJES

El objeto de esta propuesta es reconocer a todas las personas que sufrieron esta práctica cuando fue legal (1989-2020), mayoritariamente de mujeres y niñas adolescentes con discapacidad y muchas de ellas institucionalizadas en centros de salud mental o residencias. Se propone declarar nulos de pleno derecho, por ministerio de la posible ley, todos los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones.

Sobre la indemnización, Peláez dijo que, pese a que “no hay dinero que pague la invasión del propio cuerpo ni la pérdida de un proyecto de vida”, la reparación económica es un “estándar exigible”. Así pues, la FCM propone una indemnización única a tanto alzado de 30.000 euros para cada víctima acreditada.

En este aspecto, incidió en que esta cuantía “debe ser para la víctima” y, por ello, la propuesta establece salvaguardas para que sea “personal e intransferible”, y compatible con cualquier otra ayuda. Con esto, Cermi Mujeres intenta que este dinero no acabe “en manos de quienes, a veces desde el propio entorno, propiciaron esa esterilización”. Además, propuso que esta indemnización esté “totalmente exenta de tributación”.

La propuesta obligaría también a las administraciones públicas a ofrecer una atención integral a las víctimas: médica, psicológica, jurídica y social. Peláez también mencionó la necesidad de restitución médica, “si es posible, mediante cirugía reparadora para revertir la esterilización y, si no es posible porque el daño es irreversible, ofrecer alternativas de apoyo y acompañamiento”. En este sentido, dijo que “no podemos dejar a las víctimas solas de nuevo”.

Igualmente, la propuesta, en su artículo 11, insta al Gobierno a promover un “acto de perdón público”. Peláez pidió que el Estado “mire a los ojos” a las mujeres y les diga: "Lo sentimos. Fallamos. No os protegimos. Esto no debió ocurrir jamás". Además, se propone la creación de un “memorial en un espacio público porque la memoria es el mejor antídoto contra la repetición”.

En su caso, sobre la garantía de no repetición, aunque España ya reformó el Código Penal, la ley que se propone tendría un “efecto pedagógico y disuasorio”, y reforzaría el cambio de paradigma que supone la reforma del artículo 49 de la Constitución que habla explícitamente de proteger a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres y la infancia.

ESTRUCTURA

En conjunto, la ley se estructura en un Título Preliminar, que incluye, como la mayoría de las normas, su objeto y ámbito de aplicación, personas destinatarias, definiciones acordes con los avances doctrinales en la materia y la interpretación superior.

Por su parte, el Título I de esta norma establecería los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas. En un primer capítulo fija los principios generales (igualdad, no discriminación, dignidad, justicia y reparación) y define los conceptos clave. En el segundo, concreta una reparación efectiva, así como el reconocimiento, la petición de perdón y la nulidad de las esterilizaciones.

El Título II regularía concretamente el reconocimiento de las víctimas mediante un proceso de identificación y acreditación que fija garantías, requisitos, documentación y plazos. Crearía también una Comisión para la identificación, seguimiento y reparación, encargada de aplicar los principios de la ley, elaborar el registro y censo estatal, emitir informes y coordinarse con otros organismos.

Peláez también dijo que la norma recoge las garantías durante el proceso, la colaboración ciudadana y el papel del movimiento de la discapacidad a través del Consejo Nacional de la Discapacidad. Finalmente, establece que el Ministerio de Justicia, a través de dicha comisión, será el responsable de elaborar y gestionar el registro y el censo de víctimas.

El Título III de la ley recogería la indemnización a las víctimas y sus características, régimen jurídico y las exenciones tributarias. Por último, la norma concluye con disposiciones adicionales que fijan los plazos para constituir la comisión, regulan la formación prevista y establecen la elaboración de un informe del Defensor del Pueblo que deberá remitirse al Congreso y al Gobierno para evaluar el cumplimiento de la ley.

En este sentido, las disposiciones adicionales contemplarían la cooperación entre administraciones, la no afectación de la normativa de extranjería y la garantía de justicia gratuita. Además, una disposición transitoria regularía el régimen aplicable a los procesos en curso y dos disposiciones finales abordan la habilitación reglamentaria y la entrada en vigor de la ley.

COMPROMISOS

Por su parte, todos los grupos parlamentarios agradecieron a Peláez su propuesta y, en concreto, la diputada del PSOE Andrea Fernández se comprometió a “trabajar con premura” en esta iniciativa por considerarla una “reivindicación justa”. La diputada de Sumar Engracia Rivera y la de Bildu Isabel Pozueta también compartieron esta idea y propusieron otras adicionales, como actos de reparación y reconocimiento a victimas a nivel autonómico o mejoras en la atención sanitaria a personas con discapacidad.

En su lugar, la diputada del PP Esperanza Reynal aseguró que estudiará la iniciativa “en profundidad” y pidió que, previamente, se recojan datos o estimaciones de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica, algo que también le reclamó Andrea Fernández y Peláez dijo que recabarán datos.

Finalmente, la diputada de Vox Maria de las Reyes Romero defendió el “derecho a la vida” de todas las personas sin que la dignidad se condicione a las “capacidades”, y criticó el aborto como derecho de las mujeres.

Ana Peláez concluyó invitando a las parlamentarias a la próxima Conferencia Anual de Cermi Mujeres que será el 13 de marzo en el Congreso y girará entorno a la trata y explotación sexual de mujeres con discapacidad.