Fuentes de esta fundación informaron a Servimedia de que la misa se celebra en la Parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez, a las ocho de la mañana.

Desde esta entidad explicaron que esta ceremonia religiosa la celebran todos los años el 20-N, al ser el día del fallecimiento de Franco en 1975.

Las fuentes consultadas indicaron que en la ceremonia religiosa de este jueves se citará a Franco en la misa y se le recordará, como se hace en las ceremonias religiosas de este tipo que se realizan para recordar el fallecimiento de una persona.

Al mismo tiempo, este sábado, 22 de noviembre, representantes de la Fundación Franco acudirán al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde rezarán un responso y harán una ofrenda floral al dictador.

TRÁMITE DE ILEGALIZACIÓN

Estos actos se producirán después de que el pasado 31 de octubre el Ministerio de Cultura notificó a la Fundación Franco el inicio del procedimiento para su extinción, dando inicio a la vía judicial para ilegalizar la entidad. Este trámite se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones, tras concluir que la fundación realiza apología del franquismo y humilla a las víctimas. La entidad tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.​

El procedimiento para ilegalizar esta entidad se inició en junio de 2024 con un periodo de actuaciones previas destinadas a recopilar informes y pruebas. Entre estos documentos figuran informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, fechados en mayo de 2025, que constatan la exaltación del franquismo por parte de la fundación, en clara contradicción con la ley vigente. La resolución final será firmada por el ministro Ernest Urtasun y enviada a la Justicia.​

Desde el Ministerio de Cultura destacan que se solicitarán medidas cautelares para impedir que la Fundación modifique o destruya documentos de su archivo histórico. Además, planean denunciarla para proteger los fondos documentales públicos, tomando como referencia el caso del Pazo de Meirás. El objetivo declarado es que los españoles no sigan financiando con beneficios fiscales una fundación que promueve el legado de la dictadura franquista.​

El ministro Ernest Urtasun ha asegurado que esta decisión se basa en la concurrencia indiciaria de la causa de extinción prevista en la Ley de Memoria Democrática, ya que la actividad de la Fundación contraviene el interés general. El proceso previo a la extinción judicial podría prolongarse hasta agosto de 2026, cuando la Justicia tenga la última palabra sobre la disolución de esta organización fundada en 1976.