Así se desprende del informe ‘Intervención en mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abusos, agresión sexual y maltrato’, elaborado por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) de la fundación, el cual recoge los datos de atención a mujeres de esta entidad desde su creación en 2010.

Desde el inicio de la Uavdi recibió 1.448 derivaciones de mujeres víctimas de agresión sexual, maltrato o abuso, aunque el número de derivaciones aumenta cada año “significativamente”, según refleja el informe.

Los datos por años muestran que en 2023 hubo 206 casos. Además, comparando las cifras de derivaciones de mujeres con discapacidad intelectual y hombres con discapacidad intelectual a lo largo de los años, se observa una “significativa” diferencia entre ambos.

Así, esta diferencia muestra la “doble vulnerabilidad” que tienen las mujeres con discapacidad intelectual, por un lado, por el hecho de ser mujeres y por otro por tener discapacidad intelectual. También, las mujeres con discapacidad intelectual tienen cuatro veces más riesgo de abusos que otras mujeres sin discapacidad.

En cuanto a los tipos de delitos, destacan como los más frecuentes, en términos globales, la agresión sexual extrafamiliar, la violencia doméstica y la agresión sexual intrafamiliar.

Sin embargo, analizando estos datos, es destacable que muchas de las agresiones sexuales extrafamiliares cometidas a personas con discapacidad intelectual fueron cometidas, presuntamente, por personas de su entorno más cercano.

Esto tiene “especial relevancia” ya que la detección se realiza en un 96% de los casos por el propio contexto, “lo que convierte a las mujeres con discapacidad intelectual en más vulnerables”, detalla el informe.

Igualmente, las principales fuentes de derivación son realizadas por el contexto que rodea a las personas con discapacidad intelectual, destacando de entre ellas los Centros Ocupacionales, Colegios, Centros Especiales de Empleo y familias.

Por su lado, el facilitador es una figura creada por la Uavdi, cuya función es luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual como por su carácter innovador.

Por ello, con respecto al impacto del facilitador, tomando como muestra 752 casos, el 79% de los procedimientos judiciales a mujeres con discapacidad intelectual son archivados cuando no participa el facilitador.

Este documento se presentó este martes un un acto celebrado en la fundación que contó con la presencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, y la presidenta de la fundación, Almudena Martorel.

Martínez Perza clausuró el acto de presentación y felicitó a la fundación por su trabajo, afirmó que “en el Ministerio somos conscientes de estas situaciones” y añadió que “aún queda mucho por hacer”.