“Se nos acusa de insensibilidad, cuando por otro lado dices, bueno, pues si es sensible, me parece bien, pero que lo pague el Estado”, argumentó el presidente de la patronal en el marco de una jornada organizada por el diario ‘El Economista’.

El Ministerio de Trabajo ha impulsado una ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares de primer y segundo grado hasta los 10 días y la creación de uno nuevo de hasta 15 por cuidados paliativos de estos seres querido y de una jornada para ser acompañante en el ejercicio del derecho a la eutanasia.

El anuncio lo realizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un desayuno informativo en septiembre, sin diálogo previo con los agentes sociales, lo que generó el enfado de la patronal. Tras ello, se celebraron reuniones que concluyeron sin acuerdo con la CEOE ni Cepyme pero sí con los sindicatos CCOO y UGT.

“Imaginaos el estropicio que se genera en las pymes, en los turnos de trabajo en las industrias, etc., y esto sin consultar, se dice por real decreto, para que haya un real decreto sabéis que tiene que haber urgencia”, criticó Garamendi.

En cualquier caso, dejó claro que él se opone a medidas cuando cree que no son buenas para el país pero que siempre busca el respeto institucional, pese a que tiene que escuchar “descalificaciones personales”. “No es el camino, yo creo que se puede opinar, yo creo que tiene que decir cada uno lo que piense, lo que opine, pero yo creo que descalificar a las personas no es el camino, que es lo que estamos viviendo en muchos casos”, se quejó.

En cuanto a la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI), Garamendi exigió que Hacienda y Trabajo se pongan de acuerdo cuanto antes sobre si va a tributar el SMI o no. También denunció que siga en vigor la ley de desindexación de la economía, con la que las empresas afrontan subidas del SMI y, pese a que están acogidas a contratos públicos con las administraciones, no se lo pueden repercutir a esas instituciones contratantes.

Rechazó también que se haya usado desde el comité de expertos una estadística para calcular el 60% del salario medio en España que no recoge sectores intensivos en esa retribución como la agricultura o el empleo de hogar. “Pues parece ser que afortunadamente lo ha visto también Economía, lo ha visto también Hacienda, y entonces dicen, no, pues ahora vamos a aplicar el IPC”, agregó Garamendi.

Finalmente, calificó de “locura” que se intente prohibir que si sube el SMI no se puedan reabsorber algunos complementos en nómina cuando el sueldo se vea afectado por esas revalorizaciones, lo que podría generar incrementos del SMI de hasta el 25% en algunos casos. Asimismo, indició que no se puede realizar ese cambio en el Estatuto de los Trabajadores sin acudir a una reforma legal que pase por el Parlamento e insistió en su advertencia de que si no se respeta ese requisito acudirán a los tribunales.