Así lo matizaron fuentes gubernamentales después de que la Comisión Constitucional aprobaba el dictamen de la ley y su remisión a Pleno para que el Congreso apruebe su envío al Senado para rematar el trámite parlamentario.

La semana pasada, tras conocerse una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu se abrió una polémica que fuentes del Ejecutivo han querido zanjar una vez que el texto salió aprobado en la Comisión.

La norma, que se prevé aprobar por mayoría absoluta en el Pleno del próximo 14 de julio, recoge la creación en un año de una comisión de estudios, formada por historiadores y especialistas. Una comisión estudio, pero no de investigación policial ni judicial, remarcan, para establecer posibles vulneraciones de derechos humanos que se hubieran podido producir más allá de 1978 entre demócratas y luchadores por la libertad, que sufrieron este tipo de penalidades.

Es decir, insisten en el Ejecutivo, la vigencia de la Ley de Memoria llega hasta 1978 y no hay ninguna aplicación ulterior salvo ese grupo de estudio que analizará los casos que se presenten de algunos luchadores por la libertad, trabajadores por la democracia, y, si lo considera, propondrá que algunos sean compensados o reconocidos de alguna manera. Pero, remarcan en el Gobierno, en ningún caso se abre la puerta a posibles procedimientos judiciales porque la función de la Fiscalía concluye en 1978 en el marco temporal que fija la ley.

Este hecho, según dichas fuentes, nació de una enmienda del PSOE y Unidas Podemos al entender que, en todos los procesos de transición, hay supuestas violaciones de derechos humanos y, con la información que se tiene del vivido en España, posiblemente hubo torturas o agresiones en manifestaciones -por ejemplo- que merecen ese tipo de reconocimiento. Se trata de reconocer a personas en su lucha por las libertades y valores democráticos, pero no mediante una investigación judicial, sino de una comisión de estudio para, llegado el caso, llegar a una declaración de reconocimiento, insisten.

Desde el Gobierno explican que la intención de Bildu era extender hasta la actualidad esta situación y que se fijó en 1983 (más allá del 1982 inicial de la enmienda del PSOE y UP) por incluir el periodo inicial del Gobierno del socialista Felipe González surgido de la primera mayoría absoluta de la democracia, pero que la formación que lidera Arnaldo Otegi no fue quien pidió exactamente ese año.

LEY DE AMNISTÍA

Por otra parte, el Gobierno aclaró que la Ley que verá la luz pronto en el Congreso, tras su paso por la Comisión Constitucional, reivindica la Ley de Amnistía como un factor clave y relevante en el proceso de la transición democrática en España y, por tanto, garantiza derechos y libertades.

Por tanto, cualquier interpretación de la Ley de Amnistía tiene que cumplir con el artículo 10 de la Constitución, que recoge que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

VALLE DE CUELGAMUROS

Tras la exhumación del dictador Francisco Franco, la futura Ley de Memoria Democrática recoge la resignificación del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, y, según indicó el Ejecutivo, está todo preparado para, en cuanto el Ayuntamiento de El Escorial lo permita, entrar y proceder con las exhumaciones y el reconocimiento de las miles de personas allí enterradas.

Además, como la Ley establece que no puede haber ningún cadáver en lugar jerárquico preminente en el Valle, en cuanto la norma se apruebe de iniciará el procedimiento para el trasladado de José Antonio Primo de Rivera a donde se acuerde con la familia o a una de las criptas del enclave.