La norma, impulsada por el departamento de Pablo Bustinduy, viene exigida por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que incorporó expresamente la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español y estableció un plazo de tres años para que el Gobierno desarrollara reglamentariamente las condiciones básicas en esta materia.

Ese plazo concluyó en 2025, tal y como recordó recientemente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Desde entonces el Ejecutivo ha venido trabajando para culminar el texto que permitirá concretar y ordenar los requisitos de accesibilidad cognitiva que deberán garantizarse en ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales, espacios culturales o en procesos electorales.

En los museos o en los transportes públicos, por ejemplo, habrá señales y carteles más claros que facilitarán a las personas con dificultades de comprensión la orientación en estos espacios.

Los agentes tanto públicos como privados que operen en el ámbito de las telecomunicaciones deberán también cumplir con obligaciones específicas para garantizar la accesibilidad cognitiva del usuario.

En el ámbito sanitario los pacientes con discapacidad intelectual o del desarrollo o quienes necesitan apoyos de naturaleza cognitiva tendrán derecho a recibir información sobre su tratamiento y la medicación que se les administre en formato de lectura fácil.

La relación con las administraciones públicas también quedará regulada y deberá garantizarse la independencia de las personas con discapacidad cognitiva a la hora de realizar trámites, facilitándose las explicaciones pertinentes para su comprensión, al igual que en la administración de Justicia.

También el real decreto desarrolla la adaptación de la información relativa a los procesos electorales.

Para garantizar esa accesibilidad el decreto establece que la información debe ofrecerse en formatos como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos sin coste adicional para el usuario y sin retrasos respecto a la atención que reciba cualquier otro ciudadano.

Además de garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, la norma también beneficiará a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan el idioma.

Según destacaron desde el Ministerio de Derechos Sociales, el reglamento constituye así el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad, de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.

Para facilitar la puesta en marcha del mismo, el Ministerio, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), ya está trabajando en la elaboración de guías de aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos públicos y entidades privadas responsables de su aplicación.