Así quedó de manifiesto durante el diálogo sobre los 'Primeros desarrollos del nuevo artículo 49 de la Constitución', que contó con la participación de la directora general del Imserso, Mayte Sancho; la diputada del PP en el Congreso Violante Tomás; la diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana; el diputado del PSOE en el Congreso Emilio Sáez y el presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, y que fue moderado por el director de contenidos de Servimedia, Pablo A. Iglesias.

En el transcurso de su alocución, Luis Cayo Pérez reconoció que la primera reforma con carácter social de la Constitución “tiene importancia por sí misma”. “No podemos eludirlo, pero siempre dijimos desde el movimiento social de la discapacidad que no era una estación de llegada, que no nos íbamos a satisfacer solo por aprobar algo que es tan relevante, sino que tenía que tener implicaciones, que era una especie de espiral de cambios hacia el futuro”, añadió.

A este respecto, reivindicó que el Cermi y sus organizaciones fueron los “promotores de ese gran cambio”, que, recordó, “costó casi dos décadas”. “No fue sencillo, nunca hay nada sencillo en lo social y menos en discapacidad”, lamentó.

Con respecto a la reforma conjunta de ambas leyes, auspiciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Pérez Bueno aeguró que, con ella, se trata de “seguir avanzando” y de que el “mandato constitucional” se “traduzca en hechos legislativos”.

LEGISLACIÓN RENOVADA

“Esperemos que, a la vuelta de unos meses, tengamos una legislación renovada a la altura de lo que dicta y exige el nuevo artículo 49”, apostilló, al tiempo que apeló al consenso político y al “apoyo” a la ley por parte de todos los grupos parlamentarios para que “no sea una ley de Gobierno”, sino que “sea una ley de país” y que todos los grupos “presenten propuestas” para mejorar el texto.

De otro lado, señaló que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que en breve cumplirá 20 años, ha “sufrido muchas vicisitudes” y, a su juicio, “en parte, es una ley fallida”.

Por lo que se refiere al ámbito de la discapacidad, destacó que hay “una evolución y un dinamismo enorme”, razón por la cual las leyes “tienen que ajustarse a la realidad social en la que tienen que ser aplicadas” y ve “plenamente justificada la reforma de nuestras dos leyes basilares en esta materia”.

En este punto, explicó que el Cermi ha preparado más de una veintena de enmiendas “partiendo de que es un texto aceptable y acertado, que no hay nada que rechine o que repugne y que puede ser ampliado y mejorado; como las ediciones de los libros, corregida y aumentada”. “Entonces, llamemos a ese consenso y después busquemos el tema de financiación, que nunca se va a resolver en nuestro país en un mundo perfecto”, sentenció.

EL GOBIERNO, ABIERTO A REFORMAS

En la misma línea, Mayte Sancho emplazó a “mirar” también a los ciudadanos, que “realmente tienen necesidades muy importantes”, a la hora de aprobar o no una ley de este tipo. “Por favor, tengamos eso en cuenta, porque ahí vamos a encontrarnos y vamos a estar de acuerdo”, afirmó, al tiempo que puntualizó que el Ejecutivo, “desde luego”, está “abierto 100% a reformas, a cualquier tipo de alegaciones” al texto teniendo en cuenta que, ya en la primera vuelta, el texto recibió 400 alegaciones.

En paralelo, Emilio Sáez hizo hincapié en la “oportunidad” que implica esta reforma, “avalada”, además, por la Constitución con esa modificación del artículo 49, convencido de la importancia de que todas las fuerzas políticas hagan “un esfuerzo” para, junto con el propio sector, con el Cermi y resto de entidades, “ser capaces de resolver para las próximas dos décadas los problemas que tiene la discapacidad”.

Por otra parte, Violante Tomás aseveró que el PP “apoya” todo lo que suponga “avances de derechos para las personas con discapacidad, para las personas dependientes”, si bien exigió que “no se quede en derechos de papel”. “Queremos que, realmente, lleguen a las personas y que no produzca una frustración porque no haya dinero para que esos derechos se puedan ejercer”, agregó, al tiempo que deseó que las mejoras “lleguen a todas las personas”.

Por último, Noemí Santana vio “muy positivo” el hecho de “seguir avanzando en dotarnos de un marco legal que sea más adecuado a los tiempos actuales”. No obstante, coincidió con Tomás en la necesidad de “empezar por un adecuado cumplimiento y desarrollo de las leyes que tenemos vigentes”, como la Ley de Dependencia.

Con todo, expresó su “sorpresa” porque Tomás hablase de la importancia de “dotar las leyes de una financiación adecuada” cuando, advirtió, “fue el señor Mariano Rajoy el que recortó nada más y nada menos que 3.000 millones de euros para el ámbito de la dependencia”.