Según informó Igualdad, estas acreditaciones, contempladas en la Ley de garantía integral de libertad sexual, facilitarán el acceso de las víctimas de violencias sexuales a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal, dando también cumplimiento a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul, como del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El acuerdo alcanzado este lunes sostiene que la acreditación tendrá eficacia en toda España y podrá ser solicitada por las mujeres, niños y adolescentes víctimas principales de todas las formas de violencia sexual, así como por quienes ejerzan su representación legal.

También podrán solicitar esta acreditación las víctimas que no presentasen denuncia previa, aquellas cuyo proceso judicial fuese archivado o sobreseído, quienes interpusiesen denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que hayan transcurrido cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Podrán hacerlo, igualmente, las víctimas con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la existencia de violencia, las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares, o para las que estas hayan quedado inactivas, y cuando existan antecedentes de denuncia o retirada de la misma.

La acreditación con título administrativo tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente al de la emisión del título acreditativo, o desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Transcurrido ese plazo de cinco años, podrá solicitarse nuevamente. Hasta alcanzar este acuerdo con los territorios, Igualdad impulsó un grupo de trabajo con las comunidades que se reunió ocho veces.

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, trabajó junto al Ministerio de Justicia en una instrucción, publicada el pasado 28 de octubre, para que los letrados de la Administración de Justicia comuniquen la información sobre las víctimas de violencia sexual al punto designado por las autonomías, a semejanza de lo que ya se venía haciendo con las víctimas de violencia de género.

Además, Igualdad cuenta desde 2023 con una partida presupuestaria específica para hacer frente a las ayudas económicas, que ya está a disposición de las comunidades para su gestión y, en última instancia, para que puedan contribuir a la recuperación y el bienestar de las víctimas.

Del mismo modo, y con independencia de la acreditación administrativa, estos son títulos habilitantes que certifican las situaciones de violencia sexual y, por tanto, dan acceso a las víctimas a sus derechos legales, las sentencias condenatorias, las órdenes de protección o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de violencia sexual o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima; así como un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia sexual.

Al margen de las acreditaciones, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, el ministerio informó de otros asuntos, como la incidencia técnica en el sistema Cometa del pasado martes, de los últimos casos de violencia de género que se analizaron en el comité de crisis celebrado el pasado miércoles, y del reciente texto normativo sobre violencia vicaria impulsado por el Gobierno.