La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, expuso esos datos este martes en el Consejo de Ministros coincidiendo con el 25º del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla), cuando la rotura de la balsa minera de ese lugar produjo el vertido de más de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de dos millones de aguas ácidas contaminaron unos 40 kilómetros de los ríos Guadiamar y Agrio.

Ello se enmarca también en medio de la polémica suscitada por una proposición de ley presentada por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, actualmente en tramitación en la Cámara regional, que pretende legalizar alrededor de 1.500 hectáreas de regadíos en Doñana, algo rechazado por la Comisión Europea.

La agricultura intensiva en la periferia de Doñana ha aumentado con más de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable durante la última década, además de los asentamientos de población. El regadío asociado a esta actividad ha producido un descenso de cerca de dos metros del nivel freático.

Además, desde el pasado mes de octubre ha llovido la mitad de lo normal en el conjunto de España y abril se encamina a ser el más seco desde al menos 1961. Todo ello influye en Doñana, único espacio natural español que cuenta con todas las figuras de protección internacionales, incluida la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en junio de 2021 por no proteger el acuífero de Doñana, mientras que representantes de la Unesco han visitado dos veces este espacio protegido para considerar si debía o no continuar en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad.

Ribera presentó el pasado noviembre un Marco de Actuaciones para Doñana dotado con 456,75 millones de euros. El plan fue dado a conocer ante alcaldes, representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos, y tiene como objetivo principal revertir la degradación ambiental de Doñana y recuperar su funcionamiento ecológico con medidas a corto y medio plazo.

Una de esas medidas es el cierre de pozos ilegales y control estricto, mediante teledetección y telecontrol, de los que ya cuentan con derechos de agua consolidados.

La declaración de tres masas de agua subterránea ‘en riesgo’ en julio de 2020 (La Rocina, Marismas y Almonte) ha permitido cerrar 701 pozos (210 ilegales y 498 por sustitución de aguas superficiales), y otros 428 están en tramitación de cierre de aquí hasta 2025.

Además, Ribera indicó que el Gobierno trabaja en la sustitución del uso de aguas subterráneas por aguas superficiales -siempre sin aumento de la superficie regada, y compra y renaturalización de terrenos que se encuentran actualmente en regadío, así como en medidas de conservación y restauración de la biodiversidad.