Ante la ausencia de unos nuevos PGE para estrenar el año, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 la prórroga para 2026, de forma que el 1 de enero seguirán en vigor, de forma automática, las cuentas del año anterior, que siguen siendo las de 2023, elaboradas en 2022.

A pesar de carecer de presupuestos desde hace varios ejercicios, el Ejecutivo ha defendido en varias ocasiones la fortaleza de los PGE de 2023, que han permitido seguir mejorando la vida de la gente, como han apuntado en estos meses distintas voces gubernamentales.

La última en hacerlo fue la ministra portavoz, Elma Saiz, que destacó hace unos días que las cuentas de 2023 son “tan positivas” que han garantizado la protección social y el crecimiento económico incluso prorrogadas, gracias, también, a los fondos europeos que España ha recibido en estos años.

Pese a esa defensa, garantizó que el Gobierno presentará los PGE de 2026 a lo largo del primer trimestre. El Ejecutivo buscará elaborar unas cuentas expansivas, que reflejen el crecimiento de la economía española, blinden los servicios públicos esenciales y tengan en el centro las políticas de vivienda asequible.

La dificultad estará en el trámite parlamentario, ya que los apoyos son débiles. El Gobierno tuvo que afrontar entre noviembre y diciembre el rechazo, en dos ocasiones, a la senda de estabilidad que llevó el Ministerio de Hacienda, y que supone uno de los pasos previos para el trámite presupuestario.

El Ejecutivo se encontró, sin sorpresas, con el voto en contra del PP y Vox, al que se sumó el de Junts. El partido independentista anunció en 2025 su ruptura con el PSOE y lo oficializó con el voto en contra a cualquier iniciativa del Gobierno.

Sánchez trató de reconducir la relación con los de Carles Puigdemont con un decreto para satisfacer sus demandas, pero ni siquiera así logró su respaldo a la senda de estabilidad cuando se votó por segunda vez en el Congreso.

Con Junts firme en su decisión de oponerse al PSOE, no se espera que apoyen el proyecto de ley de los PGE cuando llegue a la Cámara Baja. Así, las posibilidades de aprobar unas nuevas cuentas en 2026 se minimizan, teniendo en cuenta que también se da por descontado el rechazo de Vox y el PP.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que seguirá negociando y trabajando con todos los grupos para que 2026 sea el año en el que España vuelva a tener unas cuentas públicas.

RETRASO EN EL CALENDARIO

El Ejecutivo empezó a asumir en septiembre que las cuentas de 2023 tendrían que extenderse un año más, después de haber omitido en 2025 el calendario habitual que marca los tiempos de los distintos trámites para la presentación y elaboración de los PGE.

A comienzos de ese mes, el Ministerio de Hacienda dio el pistoletazo de salida a la elaboración de los PGE con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los PGE para 2026. En ella, se obligaba a los ministerios a determinar sus prioridades para el siguiente año y a presentarlas antes del 12 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el Gobierno aprobó a mediados de septiembre la actualización del cuadro macroeconómico, con las proyecciones de 2026 sobre las que se tienen que sustentar las cuentas del ejercicio.

A pesar de ese intento de acelerón, el Ejecutivo tenía hasta el 30 de septiembre para llevar ante el Congreso los PGE de 2026, ya que la Constitución establece que deben remitirse a la Cámara Baja al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

El Gobierno no sólo no llegó a esa fecha, sino que el Ministerio de Hacienda no convocó a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), otro de los trámites previos necesarios, hasta mediados de noviembre.

En esa cita, se fijó un déficit del 2,1% en 2026, del 1,8% para 2027 y del 1,6% para 2028. Por su parte, el de la Administración Central quedó establecido en el 1,8% en 2026, en el 1,5% en 2027 y en el 1,4% en 2028.

En lo que respecta a las comunidades autónomas, el objetivo de déficit quedó en el 0,1% en cada uno de los años del periodo 2026-2028, en tanto que para las entidades locales se exige estabilidad presupuestaria.

Con su aprobación posterior en el Consejo de Ministros, el Gobierno remitió esos objetivos de déficit al Congreso para su votación. También informó de un ‘techo de gasto récord’ de 212.026 millones de euros, sin fondos europeos, y de 216.177 millones de euros con ellos, con un incremento, en ambos casos, del 8,5% respecto al actual. El ‘techo de gasto’ no necesitaba la aprobación de la Cámara.

Hacienda se encontró en dos ocasiones con el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad. La primera fue el 27 de noviembre y corrió la misma suerte el 11 de diciembre, en ambos casos con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y la abstención de Podemos.

Con la senda tumbada, el Gobierno dio el visto bueno a la prórroga presupuestaria en el último Consejo de Ministros del año. En ese acuerdo, también se tuvo en cuenta un real decreto-ley de septiembre que regulaba la Adenda DANA e incorporaba un nuevo componente para reforzar la capacidad para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.

De esta forma, se reorientaban 1.241 millones de euros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) hacia nuevas inversiones procedentes de partidas ya cumplidas o de ajustes derivados de la evolución del plan desde su aprobación en 2021.

La prórroga presupuestaria para 2026 también contempla la Adenda de Simplificación del PRTR para agilizar los procesos de verificación y optimizar el uso de los recursos disponibles de los fondos europeos antes de su finalización en agosto de 2026.

Para garantizar al máximo la absorción de los Fondos Next Generation, y de manera transitoria hasta la aprobación de los próximos PGE, Hacienda incluyó, como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a estos fondos, que los departamentos ministeriales y sus organismos adapten los créditos que tuvieran prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL

Sumar, los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, también han mantenido que se puede gobernar sin presupuestos, aunque en este tiempo han advertido de que su presentación es una obligación constitucional y sirve, a su vez, para rendir cuentas ante la ciudadanía.

Por el contrario, los partidos de la oposición no comparten esa visión. El PP inició en el Senado la presentación de un conflicto de atribuciones con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, a causa de la no elaboración y remisión al Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó a finales de octubre de que la falta de Presupuestos “tiene un impacto claro en la calidad de las instituciones”.

Además, avisó de que las prórrogas tienen su razón de ser para que no se paralice la Administración ni las políticas públicas, pero sin abusar de ellas ni sostener una legislatura con los presupuestos prorrogados, ya que se pierde flexibilidad de adaptación a la realidad económica.