“Mientras que las derechas en nuestro país se ocupan de la prohibición del burka, el Gobierno se ocupa de aprobar medidas que van en dos direcciones: mejorar la vida de la gente democratizar la economía en nuestro país”, declaró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde hizo alusión a la propuesta de Vox, apoyada por el PP, para prohibir el burka en España.

Además, calificó como “historia de éxito” la subida del SMI de más del 60% llevada a cabo por el Gobierno y subrayó que es una medida “especialmente feminista”, pues “tiene un impacto de género sin precedentes”. En concreto, Díaz señaló que beneficiará a 2,5 millones de personas, de las que casi dos tercios son mujeres y apuntó que se ha reducido la brecha salarial de género un 21%, al tiempo que elevar el SMI beneficia a los jóvenes.

Por comunidades autónomas, la que recibe con mayor impacto el SMI es Canarias, después de Extremadura. En Canarias es el 21,3%.Esto es mejorar la vida de la gente frente al proyecto de las derechas en nuestro país y, especialmente, a comunidades como Canarias, Extremadura y Andalucía.

Más allá del impacto de género y de los jóvenes, los sectores que siempre se han cuestionado desde el arranque de las políticas, singularmente la agricultura, ven el impacto es muy positivo en la agricultura por el SMI y corrige los déficits de desigualdad que tenemos en España.

En su intervención, rechazó nuevamente las tesis económicas que alertaban de riesgos para el empleo, pues España se encuentra en niveles récord de empleo: “No hay ciencia que lo pueda sostener”.

Igualmente, resaltó que en el acuerdo con los sindicatos, firmado este lunes, se compromete el Gobierno a reformar la regulación del SMI para que las subidas que se aplican no se aprovechen por parte de algunas empresas para absorber determinados pluses de sus nóminas cuando se ven afectadas por las revalorizaciones de este indicador.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de que en el Consejo de Ministros también se aprobó una deducción de 591 euros añadida a los límites de renta actuales, a fin de que con la subida del SMI, los trabajadores que lo perciben no tengan que pagar IRPF. Esto se realiza, según Montero, para las personas que cobran menos de 20.000 euros al año, pese a que el SMI es nuevo es de 17.094 euros anuales, pero así se evita el “error de salto” a esas personas que cobran menos de 20.000 euros.

“Incluso si esto se ajusta por la inflación, el trabajador que hoy gana el SMI paga 800 euros menos que durante la etapa del PP”, celebró Montero, quien añadió que sin tener en cuenta la evolución de precios, el descenso de impuestos sería de más de 1.800 euros. Con ello, señaló que esta ha sido “una iniciativa” del Gobierno reducir impuestos a quienes menos cobran y elevar los tributos a sectores que perciben más beneficios como la banca.

ANTECEDENTES

Con la subida del 3,1%, el SMI pasa de los actuales 1.184 euros por 14 pagas a 1.221. El incremento tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y beneficiará a casi 2,5 millones de trabajadores en España, de los que dos tercios son mujeres. En 2020 fue la última vez que se pudo pactar el aumento de este indicador con sindicatos y patronal, cuando escaló de 900 a 950 euros.

La aprobación de la subida del SMI se produjo con el rechazo de la CEOE, que pedía cifras inferiores, en el entorno del 1,5%, si bien abrió la puerta a flexibilizar su posición si el Gobierno se avenía a modificar la ley de desindexación económica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con ella, el SMI se incrementaba pero sin que las empresas pudieran imputar esa subida de costes a las administraciones que licitaban por varios años un servicio y suscribían un contrato público.

El Ministerio de Trabajo era partidario de esa modificación legal, al igual que los sindicatos, pero no así el Ministerio de Hacienda. A cambio, el departamento dirigido por María Jesús Montero autorizó a Trabajo a ofrecer a CEOE y Cepyme incentivos fiscales para que las empresas más afectadas por el SMI incrementaran la contratación de personas con sueldos por encima de este indicador. CEOE tachó la propuesta de “trilerismo” y Trabajo retiró la iniciativa de la mesa, pues ya avisó de que solo vería la luz si había acuerdo con la parte empresarial.

Este año, la revalorización volvió a realizarse con el asesoramiento de un comité de expertos, al que esta vez Yolanda Díaz reclamó que propusiera dos cifras de subida: una si el IRPF seguía sin tributar IRPF y otra si empezaba a hacerlo. Al respecto, plantearon un 3,1% libre de impuestos y un 4,7% si comenzaban a tributar. Hacienda permitió la exención y de ahí el alza del 3,1%.