El importe medio de las indemnizaciones ya pagadas asciende a 1.070.500 pesetas, y el total de solicitudes presentadas supera las 100.398, por lo que las abonadas representan sólo el 20 por ciento de esa cifra.

Solchaga adelantó que en los Presupuestos del Estado de 1992 se habilitará una partida de 37.526 millones de pesetas para seguir pagando las indemnizaciones, a las que tienen derecho quienes demostraron la estancia en prisión por razones políticas duante al menos tres años y haber cumplido 65 antes de diciembre de 1990.

El retraso en la tramitación de las solicitudes obedece, según el Gobierno, a las dificultades que surgen en el proceso de verificación de los requisitos y a que en muchos casos se han presentado datos erróneos sobre los centros de reclusión correspondientes.

Recientemente, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y del Partido Popular en el Congreso pidieron a la Administración que no sea tan rigurosa en la comprobación e los datos, ya que se corre el peligro de que los solicitantes, por su avanzada edad, no lleguen a cobrar.

Asimismo, la Asociación de ex Presos y Represaliados Políticos denunció el contraste entre la lentitud de la tramitación de las indemnizaciones y las prisas del Ministerio de Justicia para reclamar las solicitudes, en un plazo que abarcó entre julio y diciembre de 1990.

Las indemnizaciones están amparadas por una disposición adicional incluida en los Presupuestos del Estado de 1990, por la ue se estableció una indemnización de un millón de pesetas para quienes sufrieron al menos tres años de prisión por motivos políticos durante la dictadura y 200.000 pesetas por cada tres años más.

Además, se exige haber cumplido 65 años antes de diciembre de 1990 o acreditar la condición de pensionista por viudedad por esta causa.