Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados en el marco de la cual constató que se asiste a un “periodo crítico” para la recuperación económica y social provocada por la invasión rusa de Ucrania que se suma a la derivada de la pandemia.

Por ello, observó la importancia de “canalizar bien” los recursos para que los niños y los adolescentes crezcan en condiciones de igualdad y para que el crecimiento y el desarrollo como sociedad se haga “de la manera más cohesionada y más justa” posible.

Tras este preámbulo, afirmó que la garantía infantil europea, creada a instancias de España e Italia el pasado mes de junio, es “estratégica” y se configurará como la “guía” para la inversión en materia de infancia en situación de vulnerabilidad hasta 2030, coincidiendo con el final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese sentido, señaló que el plan nacional de garantía infantil elaborado por el Gobierno nace del “diálogo y entendimiento” con comunidades autónomas, entidades locales, representantes del Tercer Sector, expertos en pobreza infantil y los miembros del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

Recordó que el Gobierno presentó a la Comisión Europea el borrador del plan el pasado 15 de marzo, último día de plazo para hacerlo, lo que convierte a España en “uno de los pocos países que lo han presentado en tiempo y forma”.

Ahora, continuó Ernesto Gasco, es el turno de la Comisión para hacer las observaciones que considere oportunas, a partir de las cuales el Gobierno introducirá las recomendaciones pertinentes, lo que le permitió comprometerse a presentarlo a los grupos parlamentarios cuando esté rematado, al tiempo que adelantó que está previsto que el plan sea público “antes del verano”.

A su vez, detalló que el plan nacional de garantía infantil se organiza en torno a tres ejes, con 25 objetivos y más de 80 medidas concretas.

Los tres ejes en cuestión son los siguientes: lucha contra la pobreza infantil y refuerzo de la protección social a la infancia, universalización de derechos y equidad territorial y generación de entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos.

Del mismo modo, entre los objetivos se encuentran garantizar la educación infantil de primer ciclo como derecho subjetivo de la infancia, reducir las tasas de abandono temprano de la educación, mejorar el acceso a las actividades extraescolares y de ocio educativo e incrementar los servicios en salud bucodental, salud mental y vivienda.

Ernesto Gasco reseñó que el plan, dotado con 1.000 millones de euros de financiación, se financiará con cargo al Fondo Social Europeo Plus y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En cuanto al Fondo Social Europeo Plus, el Gobierno destinará un 8% a la garantía infantil, mientras que en lo referido al fondo Feder se está trabajando en “dos líneas estratégicas fundamentales”: los servicios de comedores escolares y la disponibilidad de instalaciones y patios escolares fuera del horario lectivo.

Por su parte, consideró conveniente “armonizar la fiscalidad dirigida a la infancia y a las familias para hacer más eficiente y justa las labores de crianza y cuidados de niños y adolescentes a cargo”, lo que sería un “primer paso para avanzar hacia la unificación del sistema de ayudas a la infancia”, actualmente muy atomizado.

Indicó que actualmente 520.000 menores reciben algún grado de ayuda para alcanzar la igualdad de oportunidades, a las que se destinan alrededor de 2.000 millones de euros.

También manifestó que el 68% de las ayudas se reciben vía ayudas fiscales, mientras que el 32% restante se percibe a través de prestaciones sociales, lo que le dio pie a concluir su intervención comentando la idoneidad de llegar a las familias que no hacen la declaración de la renta por tener unos ingresos inferiores a 15.000 euros anuales, lo que implicaría movilizar unos 1.800 millones de euros.