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El Gobierno sostiene que el nuevo modelo de acreditación de residencias sienta las bases para cambiar el sistema de cuidados en “una década”

Madrid
SERVIMEDIA

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, atestiguó este martes que el nuevo modelo de acreditación de residencias de personas mayores y de personas en situación de dependencia o con discapacidad no provocará un cambio inmediato del sistema de cuidados, sino que plantea “una hoja de ruta para una década”.

Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en la que reflexionó sobre la transformación del modelo de cuidados.

Nacho Álvarez compareció en la Cámara Baja en un momento en el que Derechos Sociales ha trasladado a las comunidades autónomas una serie de propuestas para su debate en la próxima reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que tiene que ratificar el nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos, que actualiza el ratificado en 2008.

Cabe recordar que la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada el pasado 25 de mayo, concluyó sin acuerdo, por la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y por algunas comandadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que consideraron irrealizables las propuestas incluidas en el plan de Derechos Sociales por la falta de presupuesto.

A esa oposición se sumó el rechazo de las patronales englobadas en el sector de la dependencia y los sindicatos.

Tras ello, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, reclamó a las comunidades autónomas “sentido de Estado” para poner en marcha un nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos y de personas en situación de dependencia o con discapacidad.

FIN DEL “TUTELAJE”

En su intervención, Nacho Álvarez comentó que el actual modelo de prestación de cuidados es “fuertemente asistencial”, ya que se forjó en torno a “lo que se creía que era bueno para las personas, pero sin contar con ellas, lo que ha generado una prestación de servicios que ha caído en el tutelaje y no en las preferencias de las personas atendidas”.

Tras elogiar el trabajo de las comunidades autónomas, los profesionales del Tercer Sector y de los trabajadores de las residencias, consideró llegado el momento de que los responsables públicos “repensemos los modelos de atención de nuestro país”.

En ese sentido, señaló oportuno avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados, ya que “existe un mandato internacional que España debe atender” tras la llamada de atención de la Comisión Europea en 2020, para lo cual existen experiencias pioneras en distintos territorios y municipios que pueden servir de base para acabar con unas “instituciones asistenciales que no permiten cumplir con plenitud los derechos humanos”, y porque “la sociedad nos lo reclama”.

“Acabar con un modelo del siglo XIX no es practicar una política de tierra quemada”, previno, para, a continuación, subrayar la importancia de “adaptarlo al siglo XXI”.

NUEVO MODELO

A su vez, Nacho Álvarez desgranó el contenido de la última propuesta transmitida por Derechos Sociales a las comunidades autónomas para cambiar el nuevo modelo de acreditación de residencias, el cual no provocará un cambio inmediato del sistema de cuidados, sino que plantea “una hoja de ruta para una década”.

Esto le sirvió para aclarar que “trasformar el modelo de cuidados es un proceso enormemente complejo” que comenzará esta legislatura, pero “durará años”, para lo cual será imprescindible “avanzar de la mano” con todos los niveles de la Administración General del Estado.

Destacó que para invertir en alternativas al modelo residencial vigente es fundamental contar con financiación, recordando que España será el único país que dedicará fondos europeos a esta cuestión, el 80% de cuyos recursos se transferirán a las comunidades autónomas.

Por ello, comentó que hay que “terminar con las macroresidencias” en España, estableciéndose una horquilla que oscile entre 75 y 120 plazas para las instalaciones de nueva creación, unidades de convivencia con un mínimo de 15 personas y un 75% de habitaciones individuales en los centros de nueva construcción.

También expuso la conveniencia de que en un plazo de tres años se acaben con las sujeciones, se ponga en marcha un plan personal para cada usuario, se garantice la participación de las familias en los centros y se permita a quienes así lo deseen “permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares”, para lo cual instó a reforzar la teleasistencia avanzada y la atención personalizada, gracias a las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

Del mismo modo, conminó a facilitar que haya más profesionales de atención directa para el cuidado de las personas mayores, para que se alcance la ratio de un trabajador por cada dos residentes; a mejorar la calidad del empleo, a través del apoyo a la contratación indefinida; y a perfeccionar la coordinación sociosanitaria.

Por último, aseveró que se asiste a un “momento clave”, ya que “lo que era una evidencia antes de la pandemia, hoy es una obviedad: transitar hacia un nuevo modelo”, lo que “constituye un reto ineludible”.

(SERVIMEDIA)
21 Jun 2022
MST/gja