“No se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año. El Gobierno adoptará las medidas que corresponda, en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía”, declaró este lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, en atención a los medios.

De este modo, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez rehúsa descartar por el momento una posible extensión de las medidas temporales para paliar los efectos de la inflación, entre ellas, la rebaja de los impuestos relacionados con la energía o la bajada del IVA de los alimentos. Estas políticas han tenido un impacto negativo en la recaudación tributaria y, por tanto, han presionado al alza el déficit público, que este año cerrará en el 3,9% del PIB, según el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno.

Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ven necesario que estas medidas decaigan para que España pueda cumplir su objetivo de rebajar el déficit público en 2024 hasta el 3% del PIB, en línea con la reforma de las reglas fiscales que aún se negocia en Bruselas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Económicos rechazan aclarar si hay margen fiscal para aprobar la prórroga de alguna de estas políticas, y aseguran que la extensión o no de estas medidas corresponderá al siguiente Ejecutivo con plenos poderes.

NUEVOS PRESUPUESTOS

Lo que sí trasladan a Bruselas es su intención de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, aunque estos no entren en vigor el próximo 1 de enero y, por tanto, se tengan que prorrogar las cuentas públicas de este año durante los primeros días del próximo ejercicio. De hecho, el Gobierno en funciones ya maneja este escenario en sus previsiones.

“El ejercicio 2024 dará inicio, muy probablemente, con unos presupuestos prorrogados, pero se espera que, a la mayor brevedad, el nuevo Gobierno elaborará y presentará para su aprobación por las Cortes Generales el Proyecto de Presupuesto para 2024, que cumpliendo con los requisitos de estabilidad presupuestaria permita afrontar los retos de progreso de la sociedad y la economía española”, señala el texto.

En este escenario, las previsiones del Gobierno se atienen a un escenario fiscal inercial, es decir, sin medidas adicionales y con el fin de las políticas anticrisis.

Si al gasto público se le suman los compromisos de gasto –la revalorización de las pensiones o el incremento de retribuciones de los empleados públicos para 2024–, y a los ingresos se le incorpora la previsión de recaudación tributaria –que se incrementaría en el entorno de un 6% sobre la estimación para este año del Gobierno, siempre que decaiga el paquete anticrisis–, el Ejecutivo cuadra el déficit en el 3% del PIB.

DEUDA PÚBLICA

En lo que se refiere a la deuda pública, el Gobierno estima que caerá del 111,6% del PIB registrado en 2022, hasta el 108,1% este año y el 106,3% el siguiente. Esta senda cumple con los compromisos adoptados con Bruselas en primavera, cuando el Ejecutivo prometió reducir la deuda pública por debajo del 110% del PIB en 2024, por lo que logrará este hito un año antes de lo previsto.

No obstante, cabe señalar que este cumplimiento se debe, principalmente, a una mejora de las estimaciones de crecimiento económico. En este sentido, se debe recordar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigió hace un mes al alza el crecimiento económico de 2021 –desde el 5,5% al 6,4%– y 2022 –del 5,5% al 5,8%–.

Estos retoques modificaron todas las proyecciones macroeconómicas por su “efecto arrastre” y obligaron también a revisar las estadísticas. Entre ellas, la estimación de deuda pública sobre PIB, que mejoró su cierre de 2022 en 1,6 puntos del PIB solo por estas revisiones de la Contabilidad Nacional, pasando así del 113,2% estimado inicialmente al 111,6% calculado ahora.