Esta reforma de la Constitución, una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, "responde a una demanda de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, para retirar un término desfasado e hiriente. Responde al consenso parlamentario de la XIII Legislatura, así como al imperativo de respetar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Responde, en definitiva, a la necesidad de desmontar visiones paternalistas y excluyentes de las personas con discapacidad", destaca la declaración institucional.

El nuevo Artículo 49, prosigue la declaración, "entenderá la discapacidad desde un enfoque exigente en derechos. Dará paso a un reconocimiento centrado en las personas con discapacidad. Y señalará la obligación de los poderes públicos de garantizar su plena autonomía, inclusión social y libertad de elección".

"En la nueva redacción tendrán voz propia las mujeres y niñas con discapacidad, grandes olvidadas en los textos legales. Queremos que nuestra Carta Magna exprese este compromiso feminista. De igual forma, el nuevo Artículo 49 pondrá en valor el diálogo civil como elemento de fortalecimiento del Estado de Derecho".

Esta reforma, asegura la declaración, "supone una valiosa profundización democrática. Nos sitúa como referente internacional en la protección de las personas con discapacidad y muestra el camino que deben seguir las reformas normativas de nuestro país. Será la primera reforma social de la Constitución que amplía y refuerza la protección de derechos, lo que redunda en las líneas maestras de acción de este gobierno. Ensanchar derechos debe asumirse como un deber ineludible de todos los poderes del Estado".