La comitiva, encabezada por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, asistió atónita a la conversación que mantuvieron los dos gomeros, pero un tanto incrédulos les pidieron quetrasmitieran un mensaje del ministro de Interior italiano, que en ese momento paseaba en torno a una pequeña ermita.

"Que venga p'acá el ministro italiano", silvo el isleño que se encontraba junto a la plana mayor del macroministerio español. mensaje recibido, el señor Giovanni Reinaldo se acercó y empezó a dar órdenes que fueron transmitidas mediante silvo y ejecutadas sin bacilación.

Tras el corto paseo por el corazón del parque, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el cabildo inular de La Gomera ofreció un aperitivo de especialidades isleñas a los visitantes. Mojo rojo y verde, papas arrugás, miel de palma, gofio y una amplia variedad de dulces y vinos del país, fueron el colofón de una cumbre en la que España consiguió la unanimidad de los "quince" para condenar el terrorismo y promover la cooperación policial y judicial en su contra.

La comitiva internacional se llevó consigo a los más de 400 policías y guardias civiles que tomaron la isla durante los últimos tres días, y ejaron sumida en el sosiego a una comunidad de unos 20.000 habitantes que recibe más de 1,5 millones de turistas al año.

La noche del sábado el cabildo insular invitó a los ministros a una cena en el Parador nacional de San Sebastián, capital de la isla, que estuvo amenizada por grupos folclóricos gomeros.

En San Sebastián, los ministros fueron recibidos con aplausos de los vecinos y con alguna que otra pancarta reivindicativa de la independencia de Canarias y en contra de las pruebas nucleares ralizadas por el Gobierno francés.

Según la delegación española, la aprobación de la declaración de La Gomera es "satisfactoria", porque supone un acuerdo de los 'quince' para avanzar en una misma dirección en la lucha contra el terrorismo y un paso más en la mejora de la cooperación policial y judicial, para que los actos terroristas no queden impunes.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, no pudo conseguir un avance claro en la redacción de un convenio de extradición comunitaio, objetivo prioritario de la presidencia española, pero entendió como "un paso adelante" el que la delcaración reconozca el fenómeno terrorista "como un problema de todos" que ha de enfrentarse en conjunto.

La declaración de La Gomera insiste en que "para prevenir y combatir eficazmente las acciones terroristas es necesaria una coordinación en profundidad entre los Estados miembros, mediante una mejora de los mecanismos de cooperación judicial y policial".

Esta colaboración se realizará mediant un incremento del intercambio de informaciones sobre los grupos terroristas, sus formas de actuación, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero en cada país comunitario.

Asimismo, los países comunitarios pretenden evitar la impunidad de estas acciones mediante la concesión de extradiciones, aunque añgunos de los países miembros son reticentes a dejar de considerar el terrorismo como un delito político.

Belloch no confía en que el convenio sobre extradición se pueda consensuar antes del fin de a presidencia española de la UE, aunque aseguró que "trabajaremos hasta el último minuto, y en el próximo consejo de noviembre presentaremos una propuesta por escrito a los quince".

El texto constata el alarmante crecimiento de acciones terroristas en diversos países de la Unión, y llama a la especial atención sobre el crecimiento del terrorismo "de inspiración integrista".

Asegura también que el terrorismo es "una de las formas graves de la delincuancia" organizada, con ramificaciones transnacioales que puede aprovechar las diferencias de tratamiento judicial en distintos Estados para conseguir la impunidad.

Los "quince" han alcanzado un consenso sobre la necesidad de atajar los fenómenos de racismo y xenofobia, aunque no han acordado medidas concretas.

España propondrá en el consejo formal de ministros de Justicia e Interior del próximo mes de noviembre, que se penalice en todas las legislaciones comunitarias la distribución de información e imágenes de contenido racista, la constitucin de asociaciones o grupos destinados fomentar racismo o xenofobia, la apología de crímenes contra la humanidad y la incitación a estas actitudes.

Las delegaciones comunitarias adoptaron también una definición común d ela figura del refugiado, en la que se acepta la adscripción a esta categoría de personas perseguidas por entidades o grupos privados, y no sólo por Estados.

Menos se avanzó, sin embargo, en la reforma del proceso de toma de decisiones que conformará el tercer pilar europeo de coopeación policial y judicial, que quedó abierto a posteriores debates antes de la conferencia intergubernamental prevista para 1996.