Esa decisión del Ejecutivo comunitario forma parte de un paquete ómnibus del automóvil. A partir de 2035, los fabricantes de automóviles deberán reducir un 90% las emisiones del tubo de escape, mientras que el 10% deberán compensarse con el uso de acero hipocarbónico fabricado en la UE o a partir de combustibles electrónicos y biocarburantes.

Detrás de ese paquete hubo presiones de Alemania, Italia y la mayoría de los fabricantes de automóviles europeos, por lo que la Comisión Europea ha dado “un giro de 180 grados en sus compromisos de eliminar gradualmente los coches de gasolina y diésel en la UE”, según Greenpeace.

Kaiser apuntó que la Comisión pone en riesgo “millones de vidas y empleos europeos”. “Puede generar beneficios a corto plazo para la industria automotriz, pero no un futuro a largo plazo. Las empresas automovilísticas europeas seguirán desperdiciando dinero y tecnología durante la próxima década, insistiendo en un caballo muerto llamado motor de combustión, mientras el resto del mundo avanza”, añadió.

Subrayó que “esta política industrial retrógrada es una mala noticia para el empleo, la calidad del aire y el clima, y ​​frenaría el suministro de coches eléctricos asequibles”.

“Debilitaría cualquier esfuerzo por reducir las emisiones de CO2 del transporte para limitar el peligroso cambio climático. Los gobiernos y el Parlamento Europeo deben cumplir sus compromisos, dar a la industria automovilística europea un futuro dentro del sector de la movilidad sostenible y rechazar este plan”, recalcó.

Por su parte, Cristina Arjona, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, pidió al Gobierno español que “rechace cualquier retraso en la fecha” de prohibir la venta de coches diésel y gasolina en 2035 y que “lidere” ese veto para garantizar “una transición rápida hacia la movilidad cero emisiones no solo para proteger la salud de la ciudadanía y ser coherente con la lucha contra la emergencia climática, sino también para evitar el propio colapso de la industria automovilística europea”.