Los vetos o enmiendas a la totalidad fueron presentados por el Grupo Popular, Convergencia i Unió, PNV, y varios senadores del Grupo Mixto encabezados respectivamente por Alberto Dorrego, del CDS, y Roc Fuentes Navarro, de Izquierda Unida.

En cuanto a las enmiendas al articulado, más de la mitad fueron presentadas por el Grupo Popular, con un total de 1.245. De las restantes, 258 son del Grupo Mixto, 31 del PNV, 159 a Izquierda Unida, 94 a Convergencia i Unió y 108 PSOE.

De acuerdo con el Reglamento del Senado, las enmiendas serán estudiadas primero en una ponencia nombrada por la Comisión de Presupuestos del Senado, que se reunirá los días 4 y 5 de diciembre.

El informe elevado por la ponencia será sometido al dictamen de la Comisión de Presupuestos los días 10, 11 y 12 de diciembre, con anterioridad a la votación del proyecto en un pleno del Senado, que se celebrará entre el 16 y el 20 de diciembre.

Entre las enmiendas resentadas en el Senado que tienen prácticamente aseguradada su inclusión en los Presupuestos del Estado para 1992 destaca una propuesta por el Grupo Socialista, en virtud de la cual la pensión mínima que cobrarán las víctimas del terrorismo será equivalente al doble del salario mínimo interprofesional.

El Grupo Popular del Senado hizo público hoy un comunicado el que justifica la presentación de un veto a la totalidad, argumentando que los Presupuestos no resolverán los graves desequilibrios de la ecnomía española y provocarán una reducción de la creación de empleo, al disminuir la inversión pública.

El PP solicitar el aplazamiento hasta el 1 de enero de 1993 de la entrada en vigor del Impuesto de Actividades Económicas y pide que las cuotas de dicho tributo sean deducibles del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

El Grupo Popular también propone la habilitación de un fondo de 2.500 millones de pesetas para pagar pensiones extraoridnarias a las personas que resulten incapacitadas como consecuecia de atentados terroristas, así como a los familiares de los fallecidos en estos sucesos.

El PP defenderá también una bajada "significativa" del IVA aplicable al vino, la exención de las viviendas sociales del Impuesto sobre Transmisiones y que los ayuntamientos y diputaciones reciban en 1992 del Estado al menos un 10 por ciento más que en 1991.