Así lo desvela el informe ‘La cesta de la compra de familias en riesgo de pobreza y exclusión social’ publicado este jueves por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y de los testimonios de personas con experiencia en pobreza y las aportaciones de diferentes expertas, tal y como precisó la red en un comunicado.

El estudio muestra cómo los hogares con menos ingresos dedican el 40,9% de su gasto a vivienda y suministros y el 18,7% a alimentación, dejando un “margen mínimo para el resto de las necesidades básicas”, entre ellas transporte, sanidad, educación, vestimenta, el ocio o la vida social.

De hecho, la presión económica obliga a “reducir drásticamente o eliminar” productos más caros y percibidos como “menos necesarios”, entre ellos pescados, carnes de alto coste como la de bovino, productos de charcutería y alimentación para bebés.

“Las personas en pobreza no gastan más: renuncian a derechos. El problema no es cómo gestionan sus recursos, sino que los ingresos y las políticas públicas no cubren el coste real de vivir con dignidad”, señalaron desde EAPN-ES.

ALIMENTOS SANOS

El informe refleja cómo la subida del precio de los alimentos y del acceso a la vivienda “impacta de forma más preocupante en los hogares más vulnerables”.

“La compra de alimentos se basa en estrategias de frugalidad, priorizando productos baratos y calóricos frente a opciones nutricionalmente recomendables. Carnes de mayor calidad, pescado fresco, frutas, hortalizas y alimentos específicos para bebés se reducen o eliminan por su coste, lo que genera riesgos de déficit nutricional, especialmente en hogares con niñas, niños y adolescentes”, abundó la red.

En paralelo, el acceso a una vivienda digna “se consolida como uno de los principales factores de empobrecimiento”. “El alquiler absorbe una parte creciente del presupuesto familiar, mientras que la pobreza energética obliga a muchas familias a elegir entre calentar el hogar o llegar a fin de mes”, alertó.

Para EAPN-ES, el informe constata la “habitual situación de emergencia” a la que tienen que hacer frente las personas en situación de pobreza y sus resultados apuntan como causas principales los factores económicos –especialmente el precio de la vivienda–, pero también la carga del tiempo que impide una planificación más eficiente y el autocuidado; la discriminación de género y las desigualdades territoriales.

En este sentido, la red reclama una “respuesta política estructural” que incluya medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el refuerzo del bono social energético, asegurar una alimentación “saludable y accesible”, proteger los servicios públicos como “pilares fundamentales” de la inclusión social y aplicar una perspectiva de género en todas las políticas de gasto y cuidados.

GASTOS COMO INDICADORES

Según la red, uno de los “principales aportes” del informe es el enfoque desde los gastos. Frente a la medición tradicional de la pobreza basada en los ingresos, EAPN-ES señala la necesidad de incorporar el análisis de los costes reales de la vida, para determinar patrones de consumo real y definir así una cesta de bienes y servicios básicos “que cubra las necesidades elementales de la población”.

A su vez, con los resultados de la investigación, desde la entidad buscan “sentar las bases para la construcción de los conocidos como presupuestos de referencia (reference budgets) y para crear, a futuro, un Índice de Precios de Consumo (IPC) adaptado a las condiciones específicas de las personas en situación de pobreza”.

“Estas dos herramientas permitirían una medición más justa y precisa del impacto de la inflación y el coste de la vida en los hogares más vulnerables”, resolvió.