Durante el acto, celebrado este lunes en la sede del Consejo Económico y Social (CES), las cuatro entidades presentaron los resultados de esta evaluación, centrada en el periodo 2016-2023 y elaborada por la consultora Fresno junto al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. El informe pone en valor tanto el retorno económico y social del Fondo Social Europeo (FSE) como la eficacia del modelo de intervención desarrollado de forma conjunta durante los últimos 25 años.

En este tiempo, las organizaciones han atendido a más de 1,3 millones de personas, facilitado la inserción laboral de 468.996 y ofrecido formación a cerca de 430.000 participantes. Solo entre 2016 y 2023, se atendió a 448.830 personas, el 55% mujeres, de las cuales el 52,7% logró algún resultado en activación, formación o empleo. Además, 145.957 personas “encontraron trabajo tras completar sus itinerarios” y 99.316 “obtuvieron una cualificación profesional”.

Asimismo, el documento destaca que los efectos son “sostenidos en el tiempo”, no solo en la adquisición de competencias, sino también en “la mejora del entorno familiar y en el cambio de expectativas vitales”.

En términos económicos, el informe concluye que por cada euro invertido se generan entre 2,9 y 4 euros en beneficios económicos y sociales, con un retorno especialmente significativo para las administraciones públicas, que alcanzaría los 38 euros por euro aportado.

El programa, enmarcado en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, se dirige a colectivos “altamente vulnerables”, personas con discapacidad, población migrante, población gitana, mayores de 45 años o personas en situación de sinhogarismo o drogodependencias, con el objetivo de “mejorar sus oportunidades de empleo y avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo”.

Entre las claves del éxito del modelo destacan el conocimiento experto de las entidades, los itinerarios personalizados, el acompañamiento integral y la conexión con el tejido empresarial. Este enfoque ha sido “ampliamente reconocido”: el 92,2% de las administraciones públicas valora el programa de forma “positiva o muy positiva”, y el 89% de las empresas colaboradoras considera que “los perfiles se ajustan a sus necesidades”.

El informe también incluye recomendaciones para el futuro, como “garantizar la continuidad del programa, profundizar en su desarrollo”, especialmente en formación, colaboración con empresas y financiación pública, y “reforzar el papel del Fondo Social Europeo”, que destina más del 25% de sus recursos a la inclusión social.

El vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE, Alberto Durán, subrayó durante su intervención el impacto directo de estas iniciativas: “Sin duda este es un programa para cambiar la vida de las personas, dar una oportunidad a la gente para que salgan de casa y para que se formen”.

Asimismo, alertó sobre la especial vulnerabilidad de determinados colectivos: “Tenemos más de mil mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia de género. Además, la discapacidad te da una oportunidad más para ser pobre y para no tener oportunidades de trabajo”.

Durán defendió el valor del trabajo cercano de las entidades sociales frente a modelos centralizados: “Tenemos relación piel con piel con ese colectivo al que ayudamos” y advirtió de que “no tiene ningún sentido que esa posibilidad se rompa”. También mostró su preocupación por el contexto europeo: “Europa se identifica como que quiere ayudar a este colectivo, pero lo desdibuja, no lo está haciendo”.

En este sentido, insistió en que “nos jugamos mucho porque esto tiene un valor importante para la sociedad en impacto social y económico” y advirtió de que poner en riesgo estos programas sería un error: “No se puede poner en riesgo algo que es tan bueno bajo la hipocresía de que hay otras prioridades”.

SOCIEDAD CIVIL

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, puso en valor el papel de estas entidades, a las que definió como “el corazón de la sociedad civil española”, y recordó que sus programas han alcanzado a casi medio millón de personas.

Durante su intervención, recalcó que “no hay nada más caro que la pobreza” y subrayó que “combatirla genera riqueza”. “Con estos programas combatimos la pobreza y generamos riqueza. Lo que toca ahora es redistribuir la riqueza”, añadió. Para avanzar en la reducción de la desigualdad, defendió la implantación de una prestación universal por hijo a cargo y la garantía de una educación universal de 0 a 3 años.

Por su parte, el presidente del CES, Antón Costa, destacó que “la inclusión es un tema fundamental” y advirtió de que el empleo es clave para la cohesión social: “Si el trabajo como elemento existencial falla, fallan todos los demás recursos”.

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, subrayó que “lo que no se mide no se puede mejorar” y apostó por avanzar en la profesionalización de los programas. La presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, destacó que “hemos trabajado con personas vulnerables y este proyecto nos ha dado conocimientos y herramientas para mejorar y transformar la vida de las personas, poniendo en valor la colaboración público-privada”.

Por su parte, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, señaló que “este programa ha permitido cambiar la mirada de las personas gitanas respecto al empleo”, subrayando que “el empleo es un gran elemento de inclusión social”.

En conjunto, el informe concluye que estos programas son “una herramienta clave” de las políticas activas de empleo en España y que su continuidad resulta “esencial en un contexto marcado por la desigualdad, el desempleo de larga duración y los retos del mercado laboral”, reforzando la necesidad de “seguir invirtiendo en inclusión como motor de cohesión y crecimiento”.