Fuentes jurídicas consultadas explicaron que se trata, entre otros, de los peritos que firmaron el informe de PWC --con datos públicos y auditados que avalan la correcta gestión, producción e inversiones realizadas en la empresa--, así como los expertos que suscribieron el informe técnico del Institut Químic de Sarrià (IQS), que concluyó tras un análisis que el accidente no fue previsible, haciendo hincapié en que la materia que se estaba produciendo no era considerada peligrosa ni por los grandes fabricantes ni por la propia Administración.

También se pide que puedan ratificarse ingenieros, evaluadores de seguridad y técnicos de prevención de riesgos.

De este modo, se espera que el recurso de apelación presentado sirva para que los peritos que han elaborado dichos documentos periciales u otros lo ratifiquen en el juzgado y se puedan sobre todo realizar las aclaraciones oportunas, tanto por parte del órgano judicial como las partes que constan en la causa. Ello permitiría exponer, de forma técnica y objetiva, cuál era la política de gestión empresarial que se seguía y los procedimientos que había en materia de seguridad y de política laboral.

Para la defensa, estas ratificaciones tienen especial relevancia después de que la juez de Instrucción haya basado “su relato provisional de los hechos”, tal y como la misma magistrada apunta, sin haber realizado este procedimiento, como contempla la jurisprudencia, con los peritos firmantes y sin haber valorado las tesis de estos informes, aunque hubiera sido para eventualmente desvirtuarlos. La juez considera en su relato que la compañía aplicó una presunta política destinada a minimizar costes de explotación e inversión, a costa de la seguridad.

Figuran como acusados en la causa José Luis Morlanes, ceo coordinador de toda la división química del grupo, sin funciones en la gestión diaria de Iqoxe desde enero de 2018; Juan Manuel Rodríguez Prats, director de Iqoxe; y Gerardo Adrio, responsable de prevención de riesgos laborales y seguridad de Iqoxe.