El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo precisó en un comunicado oficial que "las licencias quedarán canceladas desde el primer día del año" y que las entidades afectadas dispondrán de "un plazo máximo de 60 días" para culminar el cierre de sus actividades, antes del 1 de marzo de 2026.

El nuevo sistema de registro, anunciado inicialmente en marzo de 2025, exige que las ONG se sometan a un riguroso proceso de verificación por parte de las autoridades israelíes. Además, deben garantizar que no mantienen ningún tipo de contacto con miembros de Hamás o grupos considerados terroristas por Israel, según documentos de Naciones Unidas.

REGISTRO ABIERTO

De otro lado, el Ministerio de Exteriores insistió en que "la inscripción continúa abierta" y añadió que "las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas", dejando abierta la posibilidad de que algunas entidades regularicen su situación.

Sin estar incluidas en este registro, las ONG no pueden desplegar personal internacional especializado, por ejemplo en salud, agua o saneamiento. Tampoco pueden introducir suministros humanitarios esenciales a través de los pasos fronterizos controlados por Israel hacia Gaza o Cisjordania.

Por su parte, el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (Cogat), la autoridad militar israelí responsable de la gestión en los territorios palestinos, aseguró en un comunicado que esta medida "no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza".

CONSECUENCIAS HUMANITARIAS

No opinan de este modo las organizaciones afectadas, que aseguraron que la situación generada a partir de este mes de enero "tendrá consecuencias devastadoras para una población que depende casi por completo de la ayuda externa". Se estima que más de 1,7 millones de personas, el 80% por ciento de la población gazatí, dependen actualmente de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.

Médicos Sin Fronteras advirtió que estas restricciones podrían dejar a "cientos de miles de personas sin atención médica vital en Gaza durante 2026".

Un grupo de 55 organizaciones declaró que las nuevas medidas de registro representan "una grave amenaza para las operaciones humanitarias y el derecho internacional".

La salida forzosa de organizaciones con décadas de experiencia en la zona creará un vacío asistencial que difícilmente podrá ser cubierto por otras entidades. Datos de la ONU revelan que "las ONG internacionales gestionan actualmente el 65% de los centros médicos funcionales en Gaza y distribuyen aproximadamente el 70% de la ayuda alimentaria.

Expertos en salud pública alertaron de que la retirada forzosa de organizaciones médicas internacionales podría provocar "el colapso del ya frágil sistema sanitario de Gaza". Los hospitales y clínicas gestionados por ONG atienden actualmente a más de 12.000 pacientes diarios, muchos de ellos con heridas de guerra, enfermedades crónicas o necesidades de atención maternoinfantil.

DENUNCIAS INTERNACIONALES

La directora senior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denunció en redes sociales que la decisión de impedir la entrada en Gaza a organizaciones humanitarias "no solo es un escándalo", sino "una escalada deliberada de su genocidio contra los palestinos".

"Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos, a pesar del supuesto alto el fuego, es una flagrante violación del derecho internacional y un atentado contra la humanidad misma. Se trata de un castigo colectivo de escala catastrófica", remachó la responsable de la organización.

Organismos de Naciones Unidas y ONG con presencia en Gaza reclamaron el levantamiento "inmediato" de las trabas al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado. Alegaron que la labor de estas entidades es "insustituible" para garantizar la supervivencia de la población civil.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su "profunda preocupación" por el riesgo de brotes epidémicos si se interrumpen los programas de vacunación y control de enfermedades infecciosas. Estos programas son gestionados actualmente por las ONG internacionales en el territorio.

Entre los requisitos más estrictos figura la obligación de proporcionar informes detallados sobre el origen de los fondos de las organizaciones. Deben garantizar que ningún recurso beneficia directa o indirectamente a Hamás, y todos los proyectos humanitarios deberán recibir aprobación previa de las autoridades israelíes antes de su implementación en Gaza.

Save the Children instó a la comunidad internacional a pedir al Gobierno de Israel que no imponga este nuevo sistema de registro. La organización lo calificó como "otro golpe" a la respuesta humanitaria en un momento crítico para la población gazatí, que enfrenta una situación de emergencia sin precedentes.