En un comunicado difundido hoy, JpD, que cree que la intervención de Cuevas estuvo condicionada probablemente por la euforia de su reelección, asegura qu es "totalmente incierto" que en la mayoría de los países europeos no exista control judicial sobre los despidos objetivos, como indicó el presidente dela patronal.

Por el contrario, si hay un rasgo diferenciador con Europa, según JpD, es precisamente el control social sobre las decisiones de los empresarios, -parte fuerte en el contrato de trabajo, a juicio de JpD -, que se instrumentaliza mediante la actuación judicial, con el fin de reequilibrar la desigualdad contractual entre empresarios y trabajdores.

Además, JpD desmiente que los procesos por despido objetivo en España sean lentos, y asegura que se resuelven en un tiempo medio de dos meses desde que la demanda tiene entrada en los juzgados de lo social.

JpD tampoco admite que la intervención judicial en los despidos sea un "elemento distorsionador", como apuntó Cuevas, a quien acusan de pretender que los despidos "queden al libre albedrío de los empresarios", con lo que el cumplimiento de los contratos quedaría al arbitrio de una sola e las partes, "que es casualmente la más fuerte del contrato".

Esta asociación judicial recuerda al presidente de la CEOE que la misión de los jueces es precisamente comprobar si la extinción del contrato ha cumplido los requisitos exigidos por la ley, "cuya finalidad es, no se olvide, la creación y no la destrucción del empleo".

JpD rechaza también el concepto de modernidad defendido por Cuevas, y dice que sostener que lo moderno es que los empresarios extingan los contratos por causas objetivassin control alguno, por tratarse de una decisión empresarial, "se inspira más en la alta Edad Media, que en el Estado Social de Derecho defendido por nuestra Constitución, en la que la propiedad privada tiene delimitado su contenido por su propia función social".

JpD concluye que los ataques "injustificados" a la Administración de Justicia, "procurando desplazarla de su función constitucional", no contribuyen en modo alguno a la modernización del país, y afirma que lo más conveniente para alcanzar eseobjetivo es "que cada quien se ocupe eficazmente de lo suyo: los patronos a crear empleo en el marco de la normativa legal y los jueces a cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes".