Discapacidad

Los jueces piden más recursos para cumplir la nueva ley sobre capacidad jurídica

- Creen que, de lo contrario, no tendrán "tiempo suficiente" para cumplir con las revisiones

VÍDEO: los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en el enlace https://servimedia.tv/RevisionSentenciasIncapacitaciones

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del Foro Justicia y Discapacidad, además de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández, señaló que si no se adoptan "medidas de refuerzo", los juzgados “no tendrán tiempo suficiente” para cumplir con los plazos referidos a la revisión de sentencias previas que establece la Ley 8/2021, una reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica .

Fernández realizó estas declaraciones en un encuentro organizado por la agencia Servimedia. En él, también participaron la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la vicepresidenta del Cermi y presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica; la directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona, y el asesor jurídico de la Asociación Liber, Torcuato Recover Balboa.

Según explicó, “el legislador dio un plazo de tres años para revisar de oficio todas las sentencias de modificación de la capacidad jurídica dictadas bajo la norma anterior”. “Llevamos año y medio largo (en realidad, año y diez meses) y no hemos llegado ni a la mitad”, subrayó Fernández. Por eso, a su juicio, se adoptan “medidas de refuerzo o este plazo no será cumplible”.

FALTAN MEDIOS

Fernández agregó que el anteproyecto de la ley carecía de memoria económica, algo que el CGPJ ya criticó en un informe y que fue solucionado en su momento. El argumento (del Ministerio) era que la reforma procuraba “la desjudicialización” de estos procesos, tal y como explicó.

Sin embargo, “advertimos que era preciso dar una previsión económica para los apoyos individualizados” que esta ley propone, así como atender “las decenas y decenas de sentencias por revisar”.

En la misma línea, Recover apuntó que la obligación de revisar las modificaciones de la capacidad jurídica dictadas bajo la norma anterior “va a suponer una carga de trabajo muy importante en los juzgados”. Los jueces precisarán, además, “informes para determinar qué apoyos” requieren las personas” y “profesionales formados” que los lleven a cabo. “Así que sí: hace falta más presupuesto”, subrayó.

Castro-Girona también comentó que “se necesitan más medios, no sólo voluntarismo”. De ese modo, puso el ejemplo de las notarías, “donde nuestro día a día ha cambiado totalmente” en lo que se refiere "al trato hacia las personas con discapacidad". “Debemos abrir nuestros despachos, escucharles y dedicarles el tiempo que requieren”, afirmó. Para ello, “lo primero es ofrecer formación a todos los agentes implicados” y disponer de más recursos.

MÁS FACILITADORES

Los participantes en el encuentro destacaron la necesidad de generalizar la figura del facilitador judicial, cuyo trabajo consiste en hacer que las personas con discapacidad que se ven inmersas en procesos judiciales entiendan lo que sucede y, además, puedan expresar su voluntad.

Según Segarra, “la nueva ley consagra el derecho a entender y a ser entendido” para todas las personas que intervienen en un proceso judicial. A su juicio, el recurso a mediadores o a facilitadores judiciales que “hoy funciona como experiencias piloto, debería tener mayor desarrollo”.

Este derecho a la accesibilidad cognitiva“ implica hacer adaptaciones de procedimiento” y, para ello, los juzgados habrían de “disponer de logopedas, facilitadores, sistemas de comunicación aumentativa o alternativa, mediadores, una carta de servicios amplia a la que recurrir”. La única prestación que en la actualidad está generalizada es la del intérprete de lengua de signos para personas con sordera, subrayó Segarra.

En opinión de Recover, poder “entender y ser entendido es un derecho humano básico que consagra el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento” y “hoy por hoy no hay suficientes facilitadores que puedan garantizarlo”.

Los propios jueces han indicado su necesidad”, prosiguió, y “corresponde al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas (con competencias en este terreno) asegurarlos”, resaltó.

El presidente del Foro Justicia y Discapacidad abundó en esta idea y destacó que “estos ajustes de procedimiento antes funcionaban en unas pocas comunidades, como casos de buenas prácticas”. La novedad es que “ahora, “todo el mundo puede exigirlos”.

Por eso, pidió al Ministerio de Justicia y a las autonomías “más recursos” a fin de extender estos servicios y, en general, para terminar “con la asimetría” que la disponibilidad de medios implica de cara al cumplimiento de esta reforma de la legislación civil y judicial, tan importante para los derechos de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)
02 Abr 2023
AGQ/mjg