Según informó Justicia este miércoles, para hacer frente a esta situación la titular de este Ministerio, Pilar Llop, ha concedido la autorización económica para cinco comisiones de servicio en el área civil del Gabinete Técnico del Supremo.

El objetivo es apoyar la fase de decisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal en la Sala Primera del Alto Tribunal.

Esta autorización económica se remitirá a la Sección de Planta y Oficina Judicial del CGPJ. Una vez designados los comisionados y adoptado el correspondiente acuerdo, Justicia autorizará el llamamiento de los cinco magistrados designados para el apoyo al Supremo hasta el 31 de diciembre de 2022.

RETRASO DE SENTENCIAS

La dotación presupuestaria de esta medida extraordinaria asciende a 234.000 euros por seis meses, cifra que puede variar en función de su definitiva puesta en marcha.

Justicia recordó que esta autorización se suma a las medidas extraordinarias de apoyo al Supremo aprobadas en 2021, y prorrogadas durante 2022, con la dotación de 12 letrados y un presupuesto anual de casi 700.000 euros.

El departamento de Llop resaltó que, con estas medidas, se busca “paliar” los efectos que en el “funcionamiento” del Supremo está produciendo el “bloqueo” de la renovación del CGPJ, “que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año”.

El Ministerio añadió que este “plan de choque” se suma a otras medidas impulsadas por el Gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, penal y contencioso-administrativo, así como la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.