Los concentrados, aproximadamente un centenar, responsabilizan a Ruiz-Gallardón de estar provocando un deterioro de este servicio, con el fin de justificar su posterior privatización, además de acusarle de incumplir el convenio colectivo firmado en 2003.

Según Julio Martín, delegado sindical de CCOO, "se tiende a empeorar los servicios para luego 'vender' que el funcionariado no es efectivo de cara a poder privatizalos".

Martín indicó a Servimedia que, de hecho, algunos servicios de los que antes se encargaban los conductores del ayuntamiento, como llevar a los políticos al colegio electoral donde tienen que votar, han sido cubiertos últimamente por empresas privadas, lo que, a su juicio, constituye una prueba más de que "poco a poco se tiende a privatizar".

Los manifestantes denunciaron también que el alcalde ha llevado al ayuntamiento a diez conductores de su confianza para que se ocupen de los desplazamintos de miembros del equipo de Gobierno municipal, a pesar de tratarse de personas, según Martín, que no han superado unas oposiciones ni cumplen los requisitos para desempeñar ese trabajo.

En referencia al convenio colectivo firmado en 2003, los concentrados acusaron a Gallardón de no pagar las horas extras desde junio, además de trabajar durante jornadas de 15 horas y tener diferentes sueldos según para quién se conduzca, concejales del PP o de la oposición.

Rafael Córdoba, otro de los delegado sindicales de CCOO, pidió en nombre de los conductores que el ayuntamiento se siente a dialogar con ellos, cumpla el convenio colectivo, recupere las "unidades de apoyo e incidencias" y convoque oposiciones para cubrir más plazas de conductores. Recalcó que no piden mejoras económicas, sino diálogo y el cumplimiento del convenio.