Estas reflexiones las realizó ayer el académico de la RAJyLE durante su intervención en el ciclo Interacadémico que celebra el Instituto de España sobre “la Constitución de 1978: Balance y Perspectivas”. En la sesión de ayer intervinieron igualmente el doctor en Ciencias Económicas Carles Gasòliba i Böhm, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financiera, y el catedrático de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio González Bueno, de la Real Academia Nacional de Farmacia, quienes disertaron sobre “Estabilidad económica en la Constitución y los tratados de la UE” y, “los medicamentos en el marco constitucional español de 1978”, respectivamente.

Manuel Aragón expresó su preocupación por la “situación actual de nuestra democracia constitucional, que, a mi juicio, está sufriendo un proceso de degradación que, si no se remedia, puede poner en peligro su propia existencia”. En este sentido, señaló que se está llegando a una situación donde se está poniendo en riesgo hasta la división de poderes, con unos partidos políticos que se han convertido, además, en meras agencias de colocación sin control de calidad, en instrumentos cuyo único objetivo es conquistar el poder y mantenerse en él”.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue reflejar los ataques que considera que está sufriendo el Estado de derecho en España. En este sentido, aludió a la reciente creación de una comisión parlamentaria para “controlar, políticamente, a los jueces y tribunales”, lo que supone, por ahora, “un nuevo escalón en ese proceso de acoso y deslegitimación del Poder Judicial”. En esta misma línea se inscribe el recurrente propósito gubernamental de “desjudicializar la política”, que no es otra cosa que pretender que la política no esté no sometida al Derecho, sino el Derecho a la política. Sin embargo, en su opinión, el mayor ataque que puede sufrir nuestro Estado de derecho es “si finalmente se aprueba la inaudita (por claramente inconstitucional) oroposición de ley de amnistía”.

REFORMA ELECTORAL

Como posibles soluciones a esta situación, Manuel Aragón abogó por recuperar el consenso y la no polarización política, lealtad a la Constitución de los partidos y los dirigentes políticos, reformar el modelo de designación de los vocales del CGPJ y de los magistrados del Tribunal Supremo y del TC, así como, entre otras, reformar la regulación de los partidos políticos para evitar el “cesarismo” que, en su organización interna y su funcionamiento, “ha producido la criticable introducción de las ´primarias’”.

Y, junto a todo ello, reformar el sistema electoral para impedir la “injusta sobrerrepresentación actual de los partidos independentistas y, con ello, desactivar su capacidad de condicionar la gobernación y la política de Estado desde unas posiciones que, demográficamente, son muy minoritarias en el conjunto de la población española”.