Marlaska se refirió a este asunto en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PP Fernando Martínez-Maillo le pidió explicaciones por el informe de la Guardia Civil que apunta que desde 2019 ha habido contactos entre los reclusos etarras e Instituciones Penitenciarias en los que se hablaba de la situación carcelaria de estos internos.

El ministro respondió que los “representantes” y “funcionarios” de Instituciones Penitenciarias mantienen “contactos y conversaciones” con representantes de miembros “no de organizaciones criminales, sino de internos normales, también de los condenados por corrupción del PP”.

Indicó que esta interlocución con los reclusos existe porque los condenados “tienen intereses y piden explicaciones”, pero apuntó que “eso no es incumplimiento de la ley”, puesto que las decisiones penitenciarias están reguladas y sometidas al control judicial.

“UNA VERGÜENZA”

El titular de Interior señaló que esta interlocución con los presos de ETA no significa que se haya negociado la aplicación de la legislación penitenciaria. “No hay, no ha habido ni habrá ningún tipo de negociación para la aplicación de la legislación penitenciaria”, afirmó.

A este respecto, se refirió a que decisiones como las progresiones de grado de los reclusos requieren de un “preceptivo informe” de las cárceles y cualquier medida está sujeta luego al control judicial. “Nunca nos apartamos de la ley”, insistió.

Además, se refirió a que también ha existido un “control social” sobre las medidas tomadas con los presos etarras, ya que se ha ido informando a las asociaciones de víctimas y a la sociedad a través de los medios de comunicación. Contrapuso esa forma de actuar con que el Gobierno del PP trasladase “en grupo” a 575 etarras al País Vasco entre 1996 y 2004, algo que, resaltó, se hizo mientras la banda terrorista seguía matando.

Por su parte, Martínez-Maíllo señaló que el informe de la Guardia Civil ha puesto de manifiesto la “vergüenza” de que el Gobierno ha accedido a cambiar “gobernabilidad por impunidad” de los reclusos etarras. Aseguró que el Ejecutivo debe aclarar si el presidente, Pedro Sánchez, estaba al tanto de que existía una “negoción en toda regla” entre los miembros de ETA y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.