Según detalló el Ministerio que dirige Óscar López, el ministro participó en la jornada ‘Siete Retos contra la Ciberestafa emocional’.

El plan gubernamental contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS está en vigor desde el pasado 7 de marzo y desde esa fecha, los operadores tienen la obligación de bloquear numeraciones que no corresponden a ningún usuario ni servicio. Desde entonces, están bloqueando una media de 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día.

“Desde el Gobierno hemos abordado un problema que era exponencial. Estos datos demuestran que las medidas funcionan, mejoramos la protección de la ciudadanía y les damos herramientas para mejorar su seguridad”, aseguró el ministro.

El próximo 7 de junio entran en vigor dos nuevas medidas del plan antiestafas. Por una parte, los usuarios ya no podrán recibir llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano, una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico. Asimismo, no se podrán realizar llamadas comerciales desde números móviles, ya que otra parte importante de las estafas se producen cuando el ciudadano recibe llamadas procedentes de móviles nacionales que no tiene guardados en su agenda, por lo que no puede identificar al llamante.

Desde el 7 de junio solo podrán efectuarse llamadas comerciales con numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales, o desde números 800 y 900. De esta manera, el usuario podrá identificar de manera más clara cuándo se trata de una llamada comercial. Además, los 800 y 900 han dejado de estar restringidos exclusivamente a la recepción de llamadas, permitiendo también que puedan emitirlas.

La última medida que entrará en vigor es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS. Esta medida, por su complejidad técnica, entrará en vigor pasados 15 meses desde la publicación de la orden ministerial.

Esta base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores. Así se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación.