A esta cifra hay que sumar las sanciones leves que imponen los comisarios cuando lo creen conveniente, que osilan entre uno y cuatro días de suspensión de empleo y sueldo y cuya cantidad es imposible de cuantificar.

Dos de cada tres expedientes que se presentan en el Consejo de la Policía, que sólo estudia los casos de sanciones graves, son, según las mismas fuentes, en aplicación de la Ley de Incompatibilidades.

Mientras la Administración considera injustificado que los agentes trabajen fuera de la policía como fontaneros, albañiles, taxistas y otros empleos en sus días u horarios libres, desde los sinicatos se argumenta que si los funcionarios tuviesen un sueldo digno no tendrían que exponerse a esta ley, que prevé para los infractores una suspensión de tres años de empleo y sueldo.

ACTIVIDADES SINDICALES

La realización de tareas sindicales también provoca un alto número de los expediente que se abren. Por ejemplo, los cuatro representantes que tiene el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el Consejo de la Policía están sancionados.

Su presidente, Juan García Gámez, y su secretario de Oranización, Juan Manuel Fornet, lo están por hacer declaraciones a la prensa, mientras que Bernardo Bravo y Ramón Castro Bendaña por realizar movilizaciones.

Los afiliados de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) aseguran haber "pagado" por sus acciones sindicales 755 días de suspensión de empleo y sueldo, repartidos entre sus representantes en todas las regiones.

Otros líderes sindicales, como Fernando Vázquez Romay, secretario general del Sindicato Nacional de Policía (SNP), o Franisco López Antonio, del Sindicato Democrático de Policía (SDP), también han estado sancionados en varias ocasiones.

A juicio de los sindicatos, es absurdo que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se vanaglorie de que la policía tiene el régimen disciplinario más duro y que al resto de los funcionarios se les apliquen normas "blandas".

ROMPER LOS PANTALONES

La Dirección General de la Policía (DGP), que no quiere desmentir ni confirmar el número de sancionados, señala que estas estadístias no responden al cien por cien a la realidad.

Según sus portavoces, a un policía se le puede abrir un expediente informativo -que luego puede dar lugar a la imposición de una sanción o a su archivo- por muchos motivos: desde rompérsele el pantalón o estropeársele la gorra hasta el robo de la pistola reglamentaria.

Este alto número de expedientados, lo son, en su opinión, por incidentes en el trabajo y no porque el colectivo sea especialmente conflictivo.

El próximo Consejo de la Policía, cnvocado para esta semana, estudiará con toda probabilidad sancionar a algunos de los agentes que se manifestaron en Madrid el pasado 12 de junio y que cortaron el tráfico en el Paseo de la Castellana, pese a tenerlo prohibido.

Ese día se produjeron además diversos incidentes entre los más de 4.000 manifestantes, cuando por el servicio de megafonía se anunció que dos Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX) habían fallecido en un atentado terrorista, al estallar el paquete-bomba que trataban de nutilizar en el barrio de Vallecas.

Tras conocer esta noticia, centenares de policías se dirigieron en manifestación hasta el Congreso de los Diputados, donde pidieron justicia a gritos.