Así lo indicó la técnica de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Paola De la Mano, en una entrevista concedida a Servimedia, en la que analizó las dificultades que afrontan las familias con hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el periodo estival y defendió la necesidad de “reforzar los recursos de conciliación, el ocio inclusivo y los apoyos especializados” para que “ningún menor quede excluido por el lugar en el que vive o por la falta de servicios”.

Paola De la Mano advirtió de que la llegada del verano supone “un reto añadido para muchas familias”, ya que desaparecen los apoyos vinculados al curso escolar mientras “aumentan las dificultades para compatibilizar el cuidado de los menores con la vida laboral”. En este contexto, subrayó la importancia de “disponer de recursos específicos que permitan mantener la atención y la participación de los niños durante las vacaciones”.

A su juicio, el verano “no debería convertirse en un periodo en el que se pierdan los avances conseguidos” durante el resto del año. “Mejora la calidad de vida del niño y de la familia”, resumió al explicar el impacto que tienen los apoyos adecuados cuando se mantienen de forma continuada.

EL PESO DEL ENTORNO RURAL

La técnica de Plena Inclusión Castilla-La Mancha señaló que estas dificultades se agravan en el medio rural, donde el aislamiento geográfico multiplica las barreras para acceder a servicios especializados. “El aislamiento geográfico es una barrera porque no tienes alrededor apoyos, servicios o personas”, afirmó. En esas circunstancias, añadió, “cada derecho que necesitas conseguir es una carrera de obstáculos”.

Además de la falta de recursos, explicó que muchas familias tampoco cuentan con una red cercana de apoyo porque otros familiares han abandonado los pueblos o porque no existen otras personas con las que compartir experiencias. “Ese aislamiento no solo dificulta acceder a los apoyos o las terapias que necesite la persona, sino que también reduce la participación comunitaria”, señaló.

De la Mano destacó igualmente el valor de la ayuda entre familias, que calificó de “apoyo fundamental”. Sin embargo, lamentó que en muchos municipios pequeños “no existan otras familias con situaciones similares”, lo que “incrementa la sensación de soledad y dificulta la creación de redes de apoyo mutuo”.

La representante de Plena Inclusión Castilla-La Mancha recordó que las consecuencias no recaen únicamente sobre el menor con discapacidad intelectual, sino sobre toda la unidad familiar. “La familia no es solo el niño con discapacidad, sino que hay otros niños que también se ven afectados”, explicó, al advertir de que el tiempo que los progenitores dedican a coordinar apoyos y desplazamientos limita también la atención que pueden prestar al resto de sus hijos.

En este sentido, alertó de que el entorno rural incrementa la sobrecarga y “el trabajo invisible” que asumen las familias, una labor que va mucho más allá de los cuidados diarios. “Tiene que ver con coordinar los apoyos, gestionar las visitas médicas, solicitar subvenciones o tramitar ayudas”, enumeró, unas tareas que, según dijo, “ocupan una parte importante del día a día y aumentan el desgaste físico y emocional de quienes cuidan”.

DESIGUALDADES EN EL MEDIO RURAL

Por su parte, la responsable del área de familia de Plena inclusión España, Beatriz Vega, puso el foco en las dificultades añadidas que afrontan las familias con menores con discapacidad intelectual que viven en el medio rural, donde el acceso a recursos y servicios resulta “más complejo” y obliga, en muchos casos, a “realizar importantes desplazamientos”.

Vega advirtió de que la discapacidad suele ir acompañada de otros factores de vulnerabilidad que incrementan las dificultades de estas familias. “Hablamos de familias con grandes necesidades de apoyo, familias monomarentales o monoparentales, familias formadas por personas con discapacidad, familias inmigrantes que tienen más barreras administrativas y lingüísticas o familias que no tienen recursos como conexión a internet o un vehículo propio”, explicó. “Son familias que, además de convivir con la discapacidad, tienen otras circunstancias que hacen que su vida sea todavía más difícil”.

En este contexto, defendió la necesidad de “reforzar los recursos de proximidad” para evitar que el lugar de residencia determine las oportunidades de los menores. “Una de las prioridades sería crear servicios de proximidad en el medio rural, no solo para los menores, sino también para las personas cuidadoras”, afirmó. A su juicio, estos apoyos deberían abarcar ámbitos como “la conciliación, la logopedia, la atención temprana, la educación o la salud”, con el fin de reducir los continuos desplazamientos que muchas familias se ven obligadas a realizar.

Asimismo, incidió en que la realidad económica de estas familias no puede analizarse únicamente a través de sus ingresos, ya que la discapacidad genera gastos añadidos que se agravan cuando los servicios se encuentran lejos del domicilio. “Es importante compensar el sobrecoste económico de la discapacidad infantil, reduciendo gastos de transporte, gastos de apoyos o reforzando las prestaciones”, señaló.

En este sentido, defendió que las ayudas públicas tengan en cuenta el esfuerzo adicional que soportan quienes viven en municipios pequeños. “En el ámbito rural existen sobrecostes como el transporte o el pago de determinados apoyos que hacen que una misma renta no signifique lo mismo que en una ciudad. Es importante reconocer ese sobreesfuerzo económico”, sostuvo.

Finalmente, Vega subrayó que avanzar hacia un verano verdaderamente inclusivo exige combinar actividades accesibles con políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia. En su opinión, facilitar el acceso a apoyos y reducir las desigualdades territoriales resulta “esencial para que todos los menores con discapacidad intelectual puedan disfrutar de su tiempo de ocio en condiciones de igualdad”.