Pitarch, que fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD), una asociación clandestina de militares demócratas en tiempos de Franco, solicitó en 1992 el ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. La solicitud fue denegada dos años después y el militar recurrió ante el la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal uperior de Justicia valenciano.

Según Pitarch, fue discriminado respecto a otros militares, entre ellos algunos de los que particparon en la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que sí están en la orden, con el argumento de "no haber observado una intachable conducta".

La negativa se produjo pese a que el instructor del expediente abierto para decidir sobre la solicitud concluyó que el militar era acreedor de la medalla (que implica el cobro de un plus mensual), puesto que todo sus arrestos se produjeron por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, y además habían pasado 15 años y los antecedentes estaban cancelados.

Para demostrar que hubo discriminación y persecución ideológica, Pitarch requirió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que reclamara a la Orden de San Hermenegildo la relación de varios miliares agraciados con la medalla y al Ministerio de Defensa una certificación de las sanciones disciplinarias o penas impuestas en sentencis recaidas en procedimientos de naturaleza penal u ordinaria a 38 generales, jefes y oficiales de los Ejércitos, entre los que figuran los golpistas del 23-F.

El Ministerio se negó a entregar esa información alegando un acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, que otorgó, al amparo de la ley de secretos oficiales, la clasificación de materia reservada a las "conceptuaciones, informes individuales y sanciones del personal militar".

El comandante considera que esa decisión vulnea su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que ha remitido un nuevo escrito al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en el que pide que se inste a Defensa a entregar la documentación requerida, "máxime tras la recientísima sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo".