Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial del Ictus, la Senep explicó que se trata de un protocolo determinante a la hora de afrontar un fenómeno con una incidencia estimada de 1,3 a 13 casos por cada 100.000 niños al año, que representa una de las 10 principales causas de muerte en la infancia, y que asocia secuelas neurológicas en el largo plazo en más del 60% de los supervivientes.

De hecho, aseguró la neuropediatra y miembro de la Senep, la doctora Cristina Villar, “los niños también sufren ictus, aunque su causa difiere a la de los adultos. En los menores no es por obesidad, por colesterol alto, o por hipertensión, sino fruto de arteriopatías congénitas o adquiridas, de cardiopatías, o en relación a una infección”.

Además, añadió, “en estos casos el diagnóstico y el tratamiento han de realizarse antes de 24 horas, tal y como recogen las últimas recomendaciones internacionales”.

En concreto, recordó que el pronóstico funcional de estos niños depende críticamente de la instauración inmediata de tratamientos de reperfusión, algo que actualmente no se está llevando a cabo en muchas comunidades autónomas, y que se recoge en los protocolos marcados por el Código Ictus Pediátrico.

DESIGUALDADES ENTRE CCAA

Según explicó, el CIP establece un sistema de alerta clínica y asistencial coordinado y de urgencia, en el que, ante la sospecha clínica por un facultativo, se activan los diferentes sistemas de transporte, así como de diagnóstico radiológico, y de tratamiento urgentes, coordinados y eficientes, para poder minimizar las secuelas que se puedan producir a corto, medio, y largo plazo en el paciente.

Desde la Senep alertaron de que “en la actualidad el Código Ictus Pediátrico no está implantado en todas las comunidades autónomas, un aspecto que genera desigualdades en la atención a estos menores según el lugar en el que vivan”.

Para poder solventar esta situación, la doctora Villar, integrante del Grupo de Trabajo de Ictus Pediátrico de la Senep, realizó --entre agosto de 2025 y mayo de 2026-- una encuesta estructurada a neuropediatras de hospitales públicos de referencia de las 17 comunidades autónomas, con la que pudo elaborar una ‘radiografía’ detallada de la situación actual que se da en España en la atención de estos casos.

A partir del trabajo científico elaborado, el Código Ictus Pediátrico está establecido en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia, y Baleares.

DIAGNÓSTICO A TIEMPO

“Falta en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y en Canarias. Andalucía está a punto de aprobar el código ictus a nivel de comunidades autónomas”, precisó.

Este estudio señaló que la existencia del Código Ictus a nivel autonómico es el primer paso necesario para un buen diagnóstico y tratamiento de estos casos:

“Sin su instauración, estos pacientes verán retrasado su diagnóstico, y para cuando éste se consiga es posible que ya no se esté en tiempo para tratar a los menores. No es justo que esto cambie porque no vivas en una ciudad con un hospital de referencia de ictus, o que en el año 2026 no se pueda realizar una resonancia magnética (RM) urgente a un niño con una alteración neurológica aguda”, continuó la experta.

Precisamente, los neuropediatras encuestados coincidieron de forma unánime en que las principales dificultades para implantar y sostener el CIP radican en la falta de medios técnicos y personales, en la dispersión geográfica, y en la necesidad de protocolos claros y homogéneos en todo el territorio.

“Sólo de esta manera sería posible disminuir las secuelas de una patología tan urgente y de muy elevada morbimortalidad”, advirtió la portavoz de Senep.